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Es la primera vez en España que un Gobierno toma decisiones
para resolver el dramático problema de los desahucios. Con
el Fondo Social de Vivienda, las familias que han perdido
sus casas tendrán a su disposición 6.000 viviendas de
alquiler a precios bajos. Podrán ser alquiladas por dos años
por un alquiler social de entre 150 y 400 euros al mes, con
un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la
unidad familiar. De estas viviendas se podrán beneficiar
aquellos ciudadanos que hayan sufrido un desahucio a partir
del 1 de enero de 2008.
La firma de este acuerdo es un ejemplo de solidaridad y
responsabilidad para responder a una demanda social de
primer orden. Se trata de un esfuerzo compartido y solidario
entre el Gobierno, administración local, tercer sector y el
sector financiero para que las familias que han perdido sus
casas tengan una segunda oportunidad.
Para evitar nuevos desahucios, el Gobierno ha paralizado
durante dos años los desahucios de las familias más
vulnerables. Esta medida se tramitó de forma urgente para
familias con niños y dependientes a su cargo, deudores sin
ingresos o que hayan sufrido una alteración significativa de
sus condiciones económicas.
Además, el Gobierno abordará otras reformas contra los
desahucios en diálogo con todas las formaciones políticas.
El establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del
Código de Buenas Prácticas. Se estudiarán medidas
preventivas para evitar abusos y sobreendeudamientos.
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OPINIÓN
/
NOTA DE PRENSA
