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La declaración aprobada ayer en el Parlamento de Cataluña
por parte de CiU, ERC, ICV y la CUP es una simple
resolución, sin valor jurídico, que no vincula ni tan
siquiera al propio Parlamento. Es una declaración de
intenciones que perjudicará la confianza de Europa y de los
inversores en Cataluña. Creará inestabilidad política y
jurídica y, por tanto, no ayudará a salir de la crisis
económica. Estamos ante un acto irresponsable que sólo se
puede entender por la debilidad de un presidente que es un
juguete en manos de Esquerra Republicana. Es un mensaje
contra el Estado de Derecho, fundamento de la democracia y
la convivencia. Sus promotores apelan a la legitimidad
democrática para defenderla, pero no existe democracia sin
legalidad.
Va contra la Constitución española, que en su artículo 1.2
declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo
español, del cual emanan los poderes del Estado”. Si los
promotores de la resolución quiere cambiar la Constitución
que votamos entre todos, se han de pronunciar todos los
españoles. La cuestión no es el derecho a decidir sí o no;
el auténtico debate es quien tiene derecho a decidir y lo
tenemos el conjunto de los españoles. Esta declaración
independentista también va en contra del Estatuto de
Autonomía, que en su artículo 1 declara que “Cataluña, como
nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en
comunidad autónoma”. Para reformarlo, son necesarias 2/3
partes del Parlamento, 90 diputados. La resolución obtuvo el
apoyo de 85.
Es un mensaje contrario al espíritu europea de integración,
que no encontrará ninguna simpatía al otro lado de los
Pirineos más allá que la de los partidos euroescépticos.
Invocar la voluntad de una supuesta mayoría en contra del
Derecho es apartarse del modelo europeo de democracia
constitucional. El derecho comunitario en ningún momento
ampara las pretensiones separatistas. Si un territorio se
separara de un estado miembro, dejaría de ser territorio de
la UE y los ciudadanos de este nuevo Estado dejarían de ser
ciudadanos comunitarios. Los catalanes tienen derecho a
saber los costes del proyecto separatista de Artur Mas.
La aventura independentista de Mas presenta riesgos para las
empresas catalanas. En su delirio separatista y después de
su fracaso electoral, Convergencia ha asumido el programa
económico de ERC. La economía ni ocupa ni preocupa al nuevo
gobierno, cuando la suma de ERC y CiU ha impedido dedicar un
pleno monográfico a la lucha contra la crisis, como pedía el
Partido Popular.
Celebramos que el PSC haya dejado de lado los complejos que
siempre le acompañan y se haya unido al PPC y le damos la
bienvenida al lado de la legalidad democrática. En los temas
importantes, cuando la convivencia y la concordia están en
juego, la abstención hubiera sido el voto de los cobardes.
No obstante, el PSC es un partido roto. Una cuarta parte de
sus diputados decidieron ayer romper la disciplina y no
votar. No podemos decir lo mismo de la Unió del Josep Antoni
Duran Lleida. Sus trece diputados en el Parlamento tuvieron
ayer la oportunidad de no dar un aval al separatismo, ni a
las políticas económicas del tripartito, pero no lo
hicieron. Y todo ello mientras Duran estaba en Chile
representando al Gobierno de España.
El PPC está de acuerdo con lo que han pedido los empresarios
catalanes estos últimos días, igual que también lo pone de
manifiesto el último estudio de La Caixa sobre la economía
catalana: hay que evitar el choque de trenes, evitar la
inestabilidad y trabajar juntos para conseguir un mejor
sistema de financiación.
El PPC ofrece a los catalanes una mejor financiación con
solidaridad finalista y limitada, que respete el principio
de ordinalidad, moderno, justo y equilibrado. Artur Mas lo
ha rechazado, porque prefiere pasar a la historia como el
político que llevó a Cataluña a la división interna, y fuera
de España y de Europa.
El Partido Popular presentó una enmienda de modificación a
esta propuesta de resolución, porque creemos que la
prioridad de la legislatura no tiene que ser salir de
España, sino salir de la crisis. El objetivo no es crear
nuevas fronteras, sino mejorar la financiación de la
Generalitat. Proponíamos en la enmienda un pacto estratégico
para la creación de empleo y la racionalización de la
Administración para ponerla de verdad al servicio de los
catalanes.
Proponemos unir esfuerzos y acabar con la división social
que ha creado el gobierno ultranacionalista con su deriva
radical. Siempre es mejor la opción de la concordia, la
moderación, el respeto al derecho, apostar por la
convivencia y no por la ruptura. Es posible avanzar en la
construcción de una mejor Cataluña, dentro de una mejor
España, en el marco del proyecto europeo.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
