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Los sindicatos sanitarios del Ingesa en Ceuta han demandando
a las administraciones sanitarias por entender que la
decisión de no abonar a los trabajadores la paga extra de
diciembre “vulnera derechos establecidos en la Constitución
española y la legislación laboral aplicable”. Así lo han
expresado a través de un comunicado de prensa conjunto todos
los sindicatos del ámbito sanitario.
La presentación de los correspondientes recursos
administrativos se han realizado desde el pasado día 14, de
manera coordinada con el resto de organizaciones que forman
parte de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos,
siguiendo el acuerdo alcanzado con todas ellas en las
últimas semanas del pasado año, y una vez que se ha
consumado de manera efectiva el no abono de la paga.
Los sindicatos consideran que la supresión de la paga extra
de diciembre ha supuesto “una nueva agresión a los derechos
laborales de los trabajadores y contra los servicios
públicos”. En concreto, los recursos administrativos aluden
-explican los sindicatos- a una vulneración de los artículos
9 y 33 de la Carta Magna, así como a lo establecido en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades fundamentales.
En el caso del personal laboral, “dada la mayor complejidad
existente por la multiplicidad de convenios afectados”, se
presentarán conflictos colectivos, mientras que en el caso
del personal estatutario y funcionario se presentarán
reclamaciones conjuntas en el sector sanitario y en los
demás, y en cada provincia. En el caso de Ceuta, la
reclamación conjunta se hizo efectiva ayer, a la atención
del director Territorial de Ingesa, Fernando Pérez-Padilla.
“Los empleados públicos no pueden seguir siendo perjudicados
gravemente por una serie de decisiones administrativas que
tienen un mero afán recaudatorio y cortoplacista, y no de
mejora real de los servicios”, apuntan los sindicatos.
Respuesta judicial
Asimismo, las organizaciones sindicales critican que los
responsables políticos sigan haciendo “oídos sordos” a la
opinión generalizada de los profesionales y usuarios de la
sanidad en contra de “los recortes indiscriminados”, y
mantengan su estrategia de reducir el déficit a costa de los
derechos y de los sueldos de los trabajadores.
“Los sindicatos confiamos en que los tribunales acaben dando
la razón a los profesionales y que ello suponga un punto de
inflexión para la recuperación de derechos y condiciones
laborales de los empleados públicos, a los que cada día se
lo ponen más difícil para poder asegurar a los ciudadanos el
mantenimiento de unos servicios públicos de calidad”,
concluyen.
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protesta
