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La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados
públicos promovió ayer las primeras reclamaciones por la
supresión de la paga extra de navidad, por la vía de lo
Contencioso-Administrativo. A lo largo de esta semana, y en
días sucesivos, se harán efectivas las reclamaciones en los
diferentes sectores de la Administración, tanto en el
personal laboral como funcionario, para que se restituya
este derecho salarial consolidado.
Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y USO, junto con GESTHA y
UCESHA en su ámbito, han comenzado a interponer de forma
colectiva, el recurso administrativo, para la restitución de
la paga extraordinaria de diciembre de 2012, suprimida
mediante el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.
Los sindicatos respaldarán la presentación de un recurso por
cada sector (Sanidad, Educación, Correos, Administración
General del Estado, etc), cada ámbito territorial y
departamento ministerial y en el caso de que prosperen,
posteriormente solicitarán la extensión de la sentencia a
todos y cada uno de los empleados públicos afectados por la
medida.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)
y el resto de los miembros que integran la Plataforma,
consideran que la retroactividad del decreto de recortes
vulnera las garantías constitucionales, además de quebrar el
principio de seguridad jurídica.
Atendiendo a estos argumentos, los empleados públicos
reclamarán a la justicia que considere la posibilidad de
plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el
decreto de medidas de ajuste del pasado mes de julio.
El colectivo de empleados públicos, de manera paralela,
solicita que se les devuelva la parte proporcional de la
paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor
del citado real decreto (el decreto entró en vigor el 15 de
julio y la paga se empieza a devengar en junio), en línea
con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ha sido
desatendida por el Gobierno.
Si bien el recurso se plantea de forma colectiva por
representantes sindicales de cada ámbito departamental, se
interpone, asimismo, y en caso de que no se estime la
anterior comparecencia, en el propio nombre y derecho de
cada representante sindical, al objeto de promover una
decisión que, en cualquier caso, permita la continuidad de
acciones colectivas o individuales, a la vista del
procedimiento impuesto unilateralmente por el gobierno a
través de una norma de rango legal. Esta última
circunstancia implicaría la petición de la extensión de la
decisión administrativa, en su caso, con las consecuencias
derivadas para el recurrente. Las Organizaciones sindicales
han optado por esta vía de cara a evitar los altos costes
que supondrían a los funcionarios otro tipo de procedimiento
jurídico.
Las organizaciones sindicales en breve promoverán conflictos
colectivos en todos los convenios de ámbito de la
Administración General del Estado de cara a conseguir la
nulidad del Real Decreto relativo a la eliminación de la
paga extraordinaria de diciembre y, subsidiariamente, el
reintegro de las cantidades devengadas y no desembolsadas
que se habían generado en el momento de la publicación y
entrada en vigor de dicha norma de rango legal, calculada en
45 días, al igual que en el caso del personal funcionario.
Por úlitmo, una vez presentados los recursos indicados, que
deberán interponerse, asimismo, en los distintos organismos
públicos, vinculados o dependientes de la Administración
General del Estado, seguirán vigilantes a las decisiones
administrativas al objeto de considerar la continuidad de la
defensa del conjunto de empleados públicos ante los
tribunales contencioso administrativos.
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protesta
