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La nueva ley de asistencia jurídica gratuita amplía y
garantiza el acceso a este derecho a las personas con
dificultades y a los casos más graves. Esta reforma
actualiza la ley vigente que data de 1996, porque después de
17 años es imprescindible adaptarla a la realidad social.
Los ciudadanos más desfavorecidos podrán acceder a la tutela
judicial efectiva. Además, colectivos que hasta ahora no
tenían este beneficio podrán acceder a él sin necesidad de
acreditar la insuficiencia de medios. La justicia gratuita
se financiará con lo recaudado por la ley de tasas
recientemente aprobada. La justicia gratuita, tal y como ha
destacado el Tribunal Constitucional (TC), no puede
concederse de modo ilimitado porque las disponibilidades
presupuestarias !son siempre limitadas.
Por ello, el TC declaró la viabilidad de un sistema mixto de
financiación de la Administración de Justicia con cargo a
los impuestos y a las tasas abonadas por quienes resultan
beneficiados por la actuación judicial. El objetivo de este
esfuerzo es que los que más lo necesitan pueden tener acceso
a la justicia gratuita y queden exentos del pago de tasas.
Se incorporan nuevos recursos para ampliar el número de
beneficiarios: por primera vez se tendrán en cuenta las
circunstancias familiares.
Se eleva el umbral de renta para poder acceder a la justicia
gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos
Múltiples (15.975 euros al año).
Se amplía a colectivos especialmente vulnerables, con
independencia de sus recursos: víctimas de violencia de
género, terrorismo o abuso o colectivos beneficiarios de
asociaciones sin ánimo de lucro. Un comité de consultas
formado por Gobierno y CCAA controlará que se aplique esta
reforma de forma homogénea en todo el territorio español.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
