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Siempre es de agradecer la
implicación de nuestros dirigentes políticos en la sociedad
de la información y más concretamente, a través de las redes
sociales. En esta ocasión, centraré mi reflexión en las
explicaciones ofrecidas por nuestro Delegado del Gobierno en
Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, en relación a la
que será la reforma más importante del sector público
empresarial de los últimos 30 años como consecuencia directa
de la insostenibilidad del sistema actual.
Las duplicidades tanto presupuestarias como funcionales
ponen en serio riesgo la continuidad de un Estado del
Bienestar consolidado tras años de democracia. La reforma
mencionada pretende optimizar los recursos existentes,
reduciendo al mismo tiempo el gasto en todos los niveles de
las administraciones públicas (estatal, autonómica y local)
antes de pedir un nuevo esfuerzo a los ciudadanos. Las
circunstancias adversas actuales obligan a adecuar el
funcionamiento de estas administraciones.
Para lo cual, la Comisión creada al efecto en la última
Cumbre de Presidentes Autonómicos celebrada, auditará hasta
el próximo mes de junio el funcionamiento de las
administraciones públicas en función de unos criterios bien
definidos: ejemplaridad (limitación de cargos públicos y
personal de confianza), racionalización (eliminación órganos
duplicados), clarificación de las competencias (una
administración, una competencia), eficiencia (satisfacer las
necesidades de los ciudadanos al menor coste posible) y
transparencia.
Los ciudadanos somos conscientes de la magnificación de unas
administraciones públicas que han destinado en los últimos
años ingentes recursos a proyectos en los que no tenían
competencias, incrementando exponencialmente el número de
empresas y con ello, el número de trabajadores cuyas
retribuciones provienen del erario público. Como respuesta
inmediata, el nuevo Ejecutivo pretende simplificar una
administración totalmente alejada del ciudadano, eliminando
un coste insostenible, eliminando trabas burocráticas y
facilitando con ello la prestación de servicios públicos
esenciales.
Una reforma que llevará aparejada actuaciones tan relevantes
como la culminación en los primeros meses del año del plan
de pago a proveedores, la delimitación en las competencias
de las entidades locales así como, de las retribuciones de
alcaldes. Al mismo tiempo, se profundizará en las medidas
que ya se han puesto en marcha, como la reducción de altos
cargos, limitación de sueldos, eliminación de empresas
públicas y un plan inmobiliario integral.
En nuestra ciudad, como no podría ser de otra manera, el
Ejecutivo local trabaja desde hace meses en la reordenación
de su sector público empresarial, supeditando dichas labores
a la promesa de su máximo responsable, Juan Jesús Vivas, de
mantener el empleo estructural. La reforma planificada por
los servicios técnicos plantea que las diez sociedades
actuales quedarán refundidas en cuatro (promoción económica
y turística, ciclo integral del agua, radio televisión
pública y servicios medioambientales) cumplimentando con
ello los acuerdos alcanzados en la última Cumbre de
Presidentes celebrada.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
