sociedad - MARTES, 15 DE ENERO DE 2013

CEUTA
El Pueblo
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Tras medidas ya ejecutadas en años anteriores como la subida de impuestos, la no revalorización de las pensiones, la supresión de la extra de Navidad de los funcionarios o los recortes del desempleo, la reforma de la Administración Pública se antoja como la principal plaza donde meter la tijera.

La reforma de la Administración Pública es una de las tareas pendientes del Ejecutivo de Rajoy, dentro de la obligada política de ajustes y recortes que está llevando a cabo con el objetivo de cuadrar las cuentas y disminuir el déficit. 2013 será el año en el que se aborde este asunto sobre el que ya trabaja un equipo comandado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y que podría elaborar un plan para ahorrar más de 100.000 millones de euros.

España necesitará afrontar en el presente ejercicio nuevos recortes por valor de 25.000 o 30.000 millones de euros y, tras medidas ya ejecutadas en años anteriores como la subida de impuestos, la no revalorización de las pensiones, la supresión de la extra de Navidad de los funcionarios o los recortes del desempleo, la reforma de la Administración Pública se antoja como la principal plaza donde meter la tijera.

Aplazada hasta el momento, el adelgazamiento de unas instituciones sobredimensionadas durante tres lustros de bonanza económica es, hoy por hoy, impostergable y una tarea que Rajoy habría encargado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien trabaja ya en este asunto con un equipo que deberá “eliminar duplicidades, suprimir organismos públicos, simplificar burocracia y centralizar la gestión de la Administración Central y autonómica”, según ABC.

Con todo, se calcula, podrían ahorrarse más de 100.000 millones de euros. Sin ser tarea fácil, todo apunta a que podría comenzarse vendiendo empresas públicas deficitarias, suprimiendo las diputaciones, el Senado y las televisiones públicas autonómicas y prescindiendo de los consejos económicos y sociales.

Según publica el diario ABC, las empresas públicas arrastran una deuda de 56.000 millones, 22.000 millones es el coste anual de las diputaciones, la factura de las televisiones autonómicas asciende a 1.200 millones cada año y el Senado cuesta a los españoles más de 50 millones cada ejercicio.
 

¿Cómo afectará a la Ciudad Autónoma de Ceuta?

La pregunta que se hacen muchos empleados del sector público empresarial de Ceuta es cómo afectará las medidas que pondrá en marcha el Gobierno Central en los próximos meses. El presidente Vivas ha reiterado el “compromiso” de mantener “el empleo estructural vinculado a las sociedades que ahora mismo hay”, pero ha transcurrido ya un año desde que el Gobierno de la Ciudad anunciara por primera vez en enero de 2012, una reordenación del sector público empresarial” y hasta el momento nada de nada. El último anuncio lo realizó el propio presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, quien aseguró el pasado 20 de octubre que el Gobierno había preparado ya su plan para reorganizar el sector público empresarial, de modo que las diez sociedades actuales quedarían refundidas en cuatro. De acuerdo con este plan, una de estas sociedades (en torno a la actual Procesa) “atenderá las cuestiones relativas a la promoción económica y el turismo” (Parque del Mediterráneo y Servicios Turísticos), “apoyando al área de Empleo de la Ciudad”. Otra estará dedicada a la “atención al ciclo integral del agua” (Acemsa, con la planta desalinizadora y la EDAR); la tercera será la radio televisión pública (RTVCE) y una cuarta “abarcará los servicios medioambientales, comunitarios y vivienda (Obimace, Obimasa, Emvicesa). “Antes del 15 de noviembre”, apuntó por último Vivas, “el plan de reestructuración del sector público empresarial será sometido a la consideración de la corporación para su aprobación”, pero hasta el momento no ha sido así.