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Pienso que las sociedades
democráticas actuales requieren formas renovadas de
participación de los ciudadanos en la vida pública, no en
vano a uno le entusiasma el espíritu democrático porque deja
rienda suelta a las energías de todo ser humano.
Evidentemente, nuestro modelo político de organización
territorial español, el Estado autonómico, que hasta ayer
pudo servirnos, hoy parece crear ciertas discrepancias y
generar no poca tensión entre algunos ciudadanos. Téngase en
cuenta, además, que la vida en un sistema político
democrático no puede llevarse a buen término sin la
participación de toda la ciudadanía, de manera responsable y
también generosa, para llegar a los consensos.
En este sentido, un grupo de intelectuales andaluces, casi
todos ellos del ámbito universitario, en su mayoría
especialistas en Derecho Constitucional, encabezados por el
catedrático Gregorio Cámara Villar, acaban de presentar, a
mi juicio, un interesante estudio sobre la reforma federal
del Estado Autonómico, que bien merece cuando menos
conocerse y debatirse, dado el momento de desconcierto que
algunos territorios como Cataluña han activado con su
consulta soberanista.
Ciertamente, los españoles nos encontramos en un momento
complejo, con una fuerte crisis de valores, añadido a un
grave desempleo, que debe hacernos reflexionar. La legítima
pluralidad de opciones han de concluir en un compromiso
claro de protección de los derechos de cualquier ciudadano.
Por tanto, considero que la opción de oponerse por principio
a todo, para nada beneficia el espíritu democrático.
Precisamos avanzar, y en democracia el avance ha de ser en
igualdad y, por supuesto, desde una visión libre y
responsable. Hay unas exigencias éticas fundamentales para
el bien común de la ciudadanía que han de considerarse en
cualquier Estado, pero una vez considerado este espacio,
creo que se precisa aglutinar la pluralidad de voluntades de
las diversas nacionalidades y regiones, para todos unidos,
como país, caminar hacia ese interés general, en el que
todos hemos de tener voz para sentirnos adheridos al
proyecto de Estado democrático de Derecho.
Este grupo de trabajo, en mi opinión más técnico que
político, apunta una serie de interrogantes sobre ciertas
lagunas del estado autonómico en el momento actual. El
Senado, pese a caracterizarse por ser una Cámara de
representación territorial, no puede cumplir con su
objetivo, porque falla lo básico, como es el modo de
elección y de designación de los representantes. Lo mismo
sucede con el modelo de distribución de competencias, genera
insatisfacciones, confunde a la ciudadanía, siendo fuente
permanente de conflictos. En cuanto a la autonomía local,
tampoco hay una línea clara de discernimiento, lo que
propicia un caos entre unos municipios y otros. Por otra
parte, súmese a este desconcierto la falta de una “cultura
política” de colaboración entre instituciones.
Al igual que las democracias no nacen de un día para otro,
necesitan tiempo para consolidarse y un trabajo permanente,
donde el diálogo inclusivo es crucial y la diversidad un
factor positivo, asimismo la organización territorial
recogida en la constitución debe avanzar para poder salir de
las posibles situaciones de agravios y conflictos entre
municipios, provincias o las propias comunidades autónomas
en la gestión de sus respectivos intereses. Sin duda, hoy en
día, en este país, hay una sensación de fracaso del Estado
autonómico del que debemos salir cuanto antes, ya sea
mediante reformas constitucionales, (las precisas y
necesarias desde el consenso siempre), o desde
planteamientos más federalistas. Algo habrá que hacer,
puesto que este modelo de organización territorial ha
quedado arcaico, y es imposible así alcanzar eficacia y
eficiencia para mejorar los servicios a la sociedad.
El catedrático constitucionalista, Gregorio Cámara Villar
plantea un federalismo sin complejos, que responda a una
concepción profundamente democrática del Estado, suponiendo
un modelo elástico y vivo de gobierno plural y multinivel,
de autogobierno y gobierno compartido. Se trata, en
cualquier caso, de conciliar la unidad de un país con la
autonomías de sus nacionalidades y regiones, la igualdad con
la pluralidad, el sentido de Estado con el bien general que
repercutirá en su ciudadanía. Como dicen los autores de la
reforma federal del Estado Autonómico, el modelo tiene que
ser integrador, y este punto de partida que ellos ofrecen, a
mi manera de ver, puede servir para generar un debate
sosegado y profundo sobre la cuestión. Sin duda, es un
espacio para la reflexión que no debemos desaprovechar los
españoles. Desde luego, hay que despojarse de partidismos y
tomar otras perspectivas de constitucionalización de nuestro
modelo territorial del Estado, quizás mejor estructurado,
para que se pueda seguir avanzando en la igualdad entre los
ciudadanos desde el respeto a la diversidad.
Para este grupo de constitucionalistas, el Estado
autonómico, hoy carece de suficiente legitimidad como
fórmula de integración. Para ellos, el Estado Federal tiene
que ser punto de partida. O lo que yo entiendo, punto de
esperanza, por lo que conlleva de encuentro. Personalmente,
estimo, que no podemos malograr los progresos democráticos
de que todos los españoles tengan, -como se reconoce en la
Constitución-, los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado. Tampoco podemos
cerrarnos a las propuestas democráticas, que todas deben ser
discutidas y examinadas libremente. Pese a la complejidad y
a las diferencias de modelos entre los Estados federales,
resalta la evidencia -sostiene Gregorio Cámara Villar- “de
que los países de más éxito y estabilidad política son
federales. Baste mencionar los casos de Estados Unidos,
Canadá y Australia y, en Europa, de Alemania o Suiza”.
Bajo esta línea de renovación, que es también una convicción
mía, los ciudadanos tenemos el derecho de que las
instituciones cada día funcionen mejor y sirvan a los
intereses de toda la ciudadanía y no únicamente a ciertos
objetivos económicos. El ídolo de la ganancia a toda costa
nos ha cegado cualquier reflexión. Es preciso que todos los
ciudadanos, sean plenamente conscientes de sus derechos y
también de sus responsabilidades, sabiendo que una
gobernanza democrática efectiva mejora la calidad de vida de
sus pueblos.
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OPINIÓN / ALGO MÁS QUE PALABRAS
