Comienza un nuevo año y conocemos la decisión del Gobierno
central de recurrir la implantación del cobro de un euro por
cada receta que necesite cualquier ciudadano de la Comunidad
de Madrid.
Estando de acuerdo en el hecho de que se intente paralizar
esta medida, la decisión adoptada ahora, al igual que otras
muchas de meses pasados, muestra claros síntomas de la
“enfermedad” que está afectando al ámbito político y
sanitario de nuestro país.
Si nos centramos, en primer lugar, en el ámbito de la acción
política, son palpables importantes carencias que no
deberían darse en nuestros gobernantes y que podemos resumir
en falta de coherencia, acuerdo, veracidad y perspectiva
clara de futuro.
No existe coherencia y sí contradicción manifiesta cuando
responsables públicos de un mismo partido y que
supuestamente comparten un mismo programa e ideario tienen
una opinión totalmente contraria sobre la conveniencia o
necesidad de una medida que afecta a los ciudadanos.
No existe capacidad de diálogo y acuerdo cuando no son
capaces de evitar un conflicto que finalmente deberá dirimir
el poder judicial en un proceso que llevará tiempo y costará
también dinero a los ciudadanos.
No existe veracidad cuando se argumenta la oposición al euro
por receta afirmando que los ciudadanos no pueden pagar dos
veces por lo mismo, cuando desde hace meses, y gracias a la
implantación por su parte del copago farmacéutico, ya se ha
propiciado que lo hagan, una vez vía impuestos y la segunda
a la hora de abonar más dinero por sus medicamentos.
Tomar medidas
Y no existe perspectiva clara de futuro cuando decisiones de
este tipo responden más a un afán recaudador cortoplacista
que a una estrategia definida a largo plazo que asegure la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del que hemos
venido disfrutando basado en principios como la
universalidad, la solidaridad o la equidad.
Refiriéndome ahora a las repercusiones sanitarias y sociales
de medidas como la del euro por receta o el copago
farmacéutico y de otros servicios, está claro que
ejemplifican una forma de gestionar que afecta y pone en
riesgo los fundamentos de nuestro modelo sanitario,
perjudicando a los enfermos y a colectivos sociales débiles,
como son las personas con menos dinero, mayores, o con
alguna dependencia.
No se trata solo, que también, de que cualquier persona
tenga que pagar cada vez más dinero por los servicios
sanitarios que recibe, sino que este aumento conlleva que
haya gente que opte por no utilizarlos cuando realmente lo
necesitan, con la consiguiente repercusión negativa para su
salud.
Además, otras experiencias de “copagos” realizadas en países
de nuestro entorno demuestran que no se consigue el supuesto
efecto disuasorio para los que usan los servicios sanitarios
de forma innecesaria reiteradamente como proclaman sus más
firmes defensores. Recordemos, por ejemplo, que en Alemania
se ha decidido acabar con la aportación económica que los
ciudadanos tenían que hacer por acudir a su médico, porque,
después de nueve años de implantación, se ha comprobado que
no se ha conseguido el objetivo previsto, perjudicando
finalmente a las personas con menos dinero. Los
profesionales de enfermería siempre hemos trabajado para que
la atención sanitaria en nuestro país sea la mejor posible y
vemos que este tipo de medidas, junto al resto de recortes
que se viene imponiendo desde hace ya tiempo por las
diferentes administraciones, lo único que están consguiendo
es su progresivo deterioro.
Creemos, claro que sí, que hay que tomar medidas para hacer
más eficiente y sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud
pero éstas no deben castigar a sus propios usuarios,
especialmente, a los colectivos más débiles. No debemos
permitir que éstos sigan sufriendo la cara más amarga de la
crisis.
Ante esta sinrazón, las enfermeras y enfermeros no cejaremos
en nuestro empeño y seguiremos pidiendo a nuestros
gobernantes que realmente pongan en el primer lugar de su
lista de prioridades a las personas, con nombres y
apellidos, y a sus necesidades, las de ahora y las de los
próximos años.
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