El sindicato independiente (CSI-F) cree que es hora de
que los políticos empiecen a sufrir los rigores de la crisis
que llevan años padeciendo empleados públicos y
trabajadores. Evitar solapamientos es otro aspecto
fundamental para mejorar la eficiencia de los servicios
públicos que prestan los municipios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F)
comparte la intención de buscar un amplio consenso para
reducir costes y mejorar la prestación de los servicios
públicos que demandan los ciudadanos a las administraciones
más cercanas, que son las llamadas Corporaciones Locales,
tal y como así lo manifestaba a EL PUEBLO, el presidente de
CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez.
CSI·F considera clave en el proceso de reforma de la
Administración Local, clarificar competencias a la vez que
evitar duplicidades y solapamientos para corregir las
llamadas competencias impropias. Por ejemplo, temas de
bienestar social que comparten sin coordinación alguna,
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.
Para el presidente de CSI-F en Ceuta resulta lógico atender
una petición largamente demandada por el sindicato y toda la
sociedad, consistente en poner topes a los sueldos de
alcaldes y concejales como tienen el resto de trabajadores
de las Administraciones Públicas. “Parece razonable poner un
baremo y fijar el salario en función de la población y de
los presupuestos del municipio y ponerla en relación con lo
que cobran los altos cargos del Estado, de forma que ningún
regidor cobre más que un Secretario de Estado (68.000 € en
los Presupuestos Generales del Estado)”, manifestaba
Martínez.
CSI-F señala que este tope salarial implicaría una
sustancial rebaja en la remuneración que reciben 15 alcaldes
de capitales de provincia que superan esta cantidad entre
los que se encuentran los de Ceuta, Barcelona, Madrid,
Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Valencia, Vitoria, etc.
Para el sindicato independiente resulta más lógico reducir
el número de ediles, liberados políticos y asesores que
recortar la plantilla de médicos o profesores, secretarios
judiciales, policías o veterinarios.
Ricardo Martínez critica que mientras los empleados públicos
de toda España ven reducidos drásticamente año tras año sus
salarios y condiciones laborales, los políticos siguen
conservando privilegios de todo tipo, y pone como ejemplo
los privilegios que conservan los expresidentes autonómicos
José Bono, Pujol, Montilla, etc.
“Algunos justifican sus privilegios de manera espuria -como
los concejales del PP del Ayuntamiento de Ciudad Real-
manifestando que reducir sus retribuciones sería devaluar su
trabajo. Otros, como los antiguos altos cargos del PSOE,
recurren a los tribunales para mantener sus prebendas,
mientras que muchos también pleitean también al aprobar las
Cortes de Toledo la desaparición de sus sueldos”, resalta.
Pero CSI-F va más allá y considera que muchos políticos
-cómplices necesarios con su corrupción y despilfarro en
conducirnos a esta terrible crisis-, deben sufrir los
rigores de la misma y asumir responsabilidades políticas
económicas y penales (hoy en día hay más de 200 cargos
políticos acusados de corrupción en sólo cinco comunidades
autónomas).
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