Los 21 trabajadores adscritos al convenio entre la Ciudad
y el Estado para la atención de la Inmigración tuvieron que
firmar un contrato con fecha de finalización 31 de diciembre
de 2013, siendo esta la quinta prórroga que sufren sus
contratos, algo que podría estar incurriendo en un posible
fraude de ley tal y como así denuncian los sindicatos y como
demostró CSI-F el pasado año ante los juzgados que recibió
una sentencia favorable por esta cuestión.
Un error en los contratos redactados por la Ciudad para los
trabajadores adscritos al convenio entre la Ciudad y el
Estado para la atención de la Inmigración provocó antes de
final de año que el SEPE los rechazara ya que no contaba con
una fecha de finalización de contrato por lo que la Ciudad
tuvo que rehacer los mismos, variando las condiciones que
inicialmente prometió, ya que desde la Administración se
aseguraba estabilidad laboral para estos 21 trabajadores
afectados, indicando que pasarían a firmar un contrato de
características similares al firmado por los del convenio
ME, osea el de contrato indefinido, pero finalmente el
pasado día 28 de diciembre la Ciudad se ponía en contacto
con los afectados y les emplazaban a firmar un contrato con
fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2013, por lo
que ha vuelto a prorrogar el contrato ya existente con estos
trabajadores un año más y vuelve a crear la incertidumbre
entre todos los trabajadores de qué pasará con ello dentro
de un año.
Tal y como ha podido saber EL PUEBLO a través de las
centrales sindicales se trata de la quinta prórroga que
sufren los contratos de este convenio entre la Ciudad y el
Estado para la Atención a la Inmigración, y que la misma
“está lejos de asegurar la estabilidad laboral de estos
trabajadores”, ya que casi con toda seguridad “en diciembre
del presente año se encontrarán con la misma situación de
angustia que la vivida a finales de 2012”.
Las centrales sindicales no entienden porqué la Ciudad no ha
actuado de la misma forma que lo hizo con los trabajadores
del convenio ME-Ciudad y los de Proceso de Dato, ya que al
tercer año de prórroga se les hizo indefinidos.
Además aseguran que los contratos están en fraude de ley ya
que muchos de ellos llevan más de seis años prorrogándose.
No en vano CSI-F ya ganó en los juzgados que estos contratos
se encontraban en fraude de ley por lo que no descartan
volver a denunciar esta nueva situación que se ha producido.
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