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El funcionamiento del sector público, tal y como está
concebido actualmente, es insostenible. Las duplicidades
presupuestarias y el elevado número de empresas públicas
ponen en peligro la continuidad del Estado de Bienestar.
Esta reforma permitirá optimizar el trabajo de uno de los
colectivos mejor preparados y capacitados: los empleados
públicos españoles. La situación económica y la sociedad
demandan una reforma estructural en nuestra Administración
Pública en todos sus niveles. El Gobierno está decidido a
reducir el gasto en la administración pública, a nivel
estatal, autonómico y local, antes que pedir un nuevo
esfuerzo a los ciudadanos. Los ciudadanos también exigen un
cambio de mentalidad: han caído los ingresos y hay que
adecuar el funcionamiento de la Administración a esa
realidad. El objetivo del Gobierno es que esta reforma se
elabore mediante un gran pacto de Estado con todas las
administraciones y el principal grupo de la oposición.
El objetivo es tener una Administración más eficiente,
simple y mejor coordinada para que preste un mejor servicio
al ciudadano. Se trata de adecuar las condiciones para
mejorar la eficiencia de las administraciones públicas. Es
la reforma más importante del Gobierno y la más compleja,
porque es la primera vez en treinta años que se pone en
marcha una reforma de estas características.
La reforma se realizará con criterios de:
-Ejemplaridad: limitación de cargos públicos y personal de
confianza.
-Racionalización: eliminación de órganos duplicados y
reducción del sector.
-Clarificación de las competencias: una administración, una
competencia.
-Eficiencia: satisfacer las necesidades de los ciudadanos al
menor coste posible.
-Transparencia: una estructura administrativa mucho más
transparente.
El primer paso del Gobierno en esta línea ha sido la
constitución de una Comisión para auditar el funcionamiento
de las Administraciones. Su tarea, prevista hasta el 30 de
junio, es evaluar la estructura y el funcionamiento de la
Administración para redimensionarla y que sea más eficaz.
Esta Comisión es el resultado de uno de los compromisos que
se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes Autonómicos
del pasado 2 de octubre. La Comisión analizará cuatro ejes
fundamentales:
1. Supresión de duplicidades con el lema “una
administración, una competencia”. El objetivo es que se
clarifiquen las competencias para que las administraciones
no destinen recursos a proyectos en los que no tienen
competencias.
2. Simplificar la administración para acercarla más al
ciudadano. Se eliminarán las trabas burocráticas para
facilitar el servicio al ciudadano y la actividad de las
pymes, especialmente.
3. Coordinación y centralización de servicios comunes. Se
trata de reducir gastos y modernizar el funcionamiento de la
administración con medidas como la generalización de las
centrales de compras.
4. Administración institucional. Revisión y adecuación de
los organismos públicos a los intereses generales
perseguidos.
Junto a esta reforma integral, se pondrán en marcha otras
medidas: En este primer semestre del año se culminará el
plan de pago a proveedores: las CCAA tendrán la obligación
de pagar a tiempo las facturas pendientes. En cuanto a la
administración local, se delimitarán sus competencias y se
limitará el sueldo de alcaldes. Se profundizarán las medidas
que ya se han puesto en marcha, como la reducción de altos
cargos y limitación de sueldos, eliminación de empresas
públicas y un plan inmobiliario integral, entre otras.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
