Con el comienzo del nuevo año
compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre la creación
del denominado “banco malo”. Un término extendido en los
últimos meses, pero aún desconocido para la ciudadanía. Para
ello me serviré de algunas reflexiones publicadas en la red
social Facebook por el Delegado del Gobierno en Ceuta,
Francisco Antonio González Pérez. En principio, señalar que
se denomina así a aquella entidad financiera que se encarga
de transferir los activos tóxicos (activos inmobiliarios
problemáticos) de las entidades bancarias deficitarias a un
Organismo Público que se encargará de liquidar los pagos.
El “banco malo” es una iniciativa planificada por el
Gobierno de España como único cauce para sanear las cuentas
de los bancos inmersos en dificultades es decir, que padecen
las consecuencias directas de sostener en sus cuentas de
resultados préstamos impagados y viviendas o suelos con
difícil salida en el mercado. Con esta medida se pretende
paliar las graves consecuencias de la denominada burbuja
inmobiliaria (subida desmedida en el precio de las viviendas
y el consiguiente endeudamiento de las familias) surgida a
partir del año 2008, y que el anterior Ejecutivo fue incapaz
de frenar.
Un Ejecutivo socialista empecinado en defender su gestión
económica negando tajantemente los primeros síntomas de una
crisis económica que acechaba peligrosamente a una
ciudadanía que hoy padece las consecuencias de la
irresponsabilidad de quienes hoy pretenden conseguir en la
calle lo que perdieron democráticamente en las urnas.
Mientras el resto de países europeos hacían reformas de sus
sistemas financieros en 2008, para paliar los efectos de
esta crisis, el Gobierno socialista perdió tres años negando
los problemas y poniendo parches con dinero público.
Mientras Europa ayudaba a su banca con 1.6 billones entre
2008 y 2010, los dirigentes socialistas, incluido José
Antonio Carracao, afirmaban que teníamos el mejor sistema
financiero del mundo.
En clara contraposición, el Gobierno del Partido Popular
trabaja, recoge las recomendaciones ofrecidas por los
órganos europeos competentes, las analiza, decide y aprueba
medidas que revertirán la dramática situación actual. El
nuevo Ejecutivo ha puesto en marcha la reforma financiera
que el anterior Gobierno debería haber iniciado hace tres
años para evitar la quiebra del sistema financiero español.
Una reforma que comenzó limitando las retribuciones de
aquellos directivos cuyas entidades han sido refinanciadas
con fondos públicos tras emprender una valoración inicial
exhaustiva. Y que en su tercera fase transferirán los
activos tóxicos mencionados al denominado Banco Malo.
No nos dejemos engañar por la demagogia progresista, hagamos
oídos sordos a quienes hoy critican la adopción de un
conjunto de medidas totalmente necesarias para revertir una
situación creada por su inacción. Quienes hoy instan a tomar
las calles actuaron negligentemente al desatender las
recomendaciones adoptadas en los foros europeos,
incumpliendo de forma reiterada sus obligaciones. Pertenecer
a un colectivo supone acatar las decisiones aprobadas
mayoritariamente por todos sus integrantes, y España
pertenece a uno (Unión Europea) por decisión de los
españoles. En definitiva, el Gobierno del Partido Popular
pone en marcha aquellas medidas aprobadas hace años, y que
tan buenos resultados han dado a aquellos países que ya las
aplicaron.
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