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Según informa El Confidencial Digital, será un ‘comité de
emergencia’ para el Estrecho en el que estarán los más altos
representantes de La Moncloa, Asuntos Exteriores y
ministerio del Interior. El objetivo: responder de manera
inmediata a los conflictos y amenazas para España que surjan
desde la colonia británica de Gibraltar, o que tengan que
ver con Ceuta, Melilla y los enclaves españoles en el norte
de África.
En el equipo de Mariano Rajoy preocupan especialmente los
últimos acontecimientos que se han venido produciendo en la
zona del Estrecho de Gibraltar y que ponen en riesgo la
seguridad nacional. Algunos vienen de tiempo atrás, pero en
las últimas semanas han surgido varias amenazas que han
provocado la alerta en el seno del Gobierno. Ante esta
situación, desde Moncloa se ha decidido poner en marcha un
‘comité de acción rápida’ para dar respuesta a las amenazas
para la seguridad del Estado que puedan producirse en esa
zona, que en Moncloa es considerada como “caliente”. Según
ha podido saber El Confidencial Digital, esta oficina
dispondrá de una estructura operativa capaz de reaccionar de
manera inmediata y contundente ante cualquier conflicto que
surja en la zona. Será una comisión tricéfala: presidencia
del Gobierno, ministerio de Asuntos Exteriores y ministerio
del Interior.
Desde Moncloa se marcará la estrategia política, el
departamento de José Manuel García-Margallo, por su parte,
llevará la línea diplomática, y el ministerio de Jorge
Fernández Díaz se ocupará de dirigir las actuaciones in situ
y sobre el terreno. La finalidad de la creación de esta
oficina es disponer de un mayor control geoestratégico sobre
la zona del Estrecho.
Organismos implicados
La puesta en marcha de esta comisión para los asuntos del
Estrecho implicará a buen número de departamentos del
Estado, capaces de aportar sus medios para hacer frente a
las amenazas potenciales para España. Estos organismos,
implicados en la vigilancia del Estrecho, formarían parte de
esta oficina:
- Dirección General de la Policía, Dirección General de la
Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria,
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis de Presidencia del Gobierno, Unidad
Militar de Emergencias, Dirección General de Política de
Defensa del ministerio de Defensa, Dirección General de
Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo y
Oriente Próximo, Secretaría de Estado para la Unión Europea,
Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General
de Salud Pública, Calidad e Innovación, Puertos del Estado.
Además, el Gobierno también cuenta con la colaboración
activa del Coordinador de la Administración General del
Estado en el Campo de Gibraltar, además de los
representantes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, Almería, Málaga, Alicante, Ceuta, Melilla y
Motril.
Los conflictos que preocupan a España
Esta es la sucesión de graves acontecimientos en la zona del
Estrecho que han provocado la actual alerta en el Gobierno.
Todos ellos son cuestiones “sensibles”:
- Gibraltar. El problema con las aguas que rodean al Peñón,
lejos de solucionarse, se ha estancado. La Armada y la Royal
Navy ya han protagonizado algún enfrentamiento. El reciente
fallo del Tribunal de Luxemburgo a favor de España sobre el
LIC (zona de protección ecológica) endurecerá la postura de
la Roca, prevé el Gobierno.
- Ceuta y Melilla. Al Ejecutivo le preocupan especialmente
las avalanchas de inmigrantes y la situación en la valla
fronteriza, cuya seguridad se ha tenido que reforzar.
- Territorios españoles en África. Las ocupaciones por parte
de activistas marroquíes de estas propiedades nacionales en
el norte del país vecino también son un tema de especial
sensibilidad.
- Marruecos dispone de una base naval operativa en pleno
Estrecho de Gibraltar.
Hay que recordar, además, que todos los asuntos relacionados
con Marruecos son comunicados de manera inmediata a Zarzuela
por parte del Gobierno. El rey, buen amigo de Mohamed VI,
conoce a la perfección todas las actuaciones y decisiones
del Ejecutivo que afecten al país vecino.
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