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La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, prepara un
informe sobre las viviendas de protección pública (VPP)
vacías que existen en España, tras detectar a través de
“diversas investigaciones numerosos casos de personas
pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho
tiempo a la espera de que se les adjudique una”.
Según informa una nota de prensa, este informe, que
“previsiblemente” será presentado a las Cortes Generales en
los primeros meses de 2013, pretende “seguir aportando
propuestas que ayuden a paliar la situación que viven muchas
personas” que, como consecuencia de la crisis, han perdido
sus hogares. En opinión de la institución, muchas de las VPP
vacías podrían, mediante distintas fórmulas con las
administraciones, ser utilizadas por familias que en estos
momentos carecen de ellas.
Para la elaboración del informe, la institución ha abierto
sendas investigaciones en las diecisiete comunidades
autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla, que ya han
contestado a los requerimientos del Defensor del Pueblo.
Asimismo, se han incluido nueve municipios con más de
350.000 habitantes.
Las actuaciones iniciadas por la oficina de la defensora del
Pueblo con este informe buscan determinar las causas de por
qué se encuentran desocupadas “más tiempo del imprescindible
para ponerlas en uso, por primera vez si son nuevas, o para
revisar su estado si ya han estado ocupadas antes”.
El informe realizará además recomendaciones para fomentar el
mercado del alquiler, también para las viviendas públicas,
se señala.
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