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El Gobierno está trabajando ya en una de las reformas más
importantes de la legislatura: la reestructuración del
sector público. Un equipo encabezado por la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha empezado a elaborar el plan
que encauzará el redimensionamiento de las instituciones y
competencias públicas.
El Ejecutivo ha empezado el año con una gran tarea
pendiente. La reforma de la Administración es uno de los
retos que el Gobierno se ha fijado para 2013 y que pretende
aprobar antes de que acabe el ejercicio. Eliminar las
duplicidades, acelerar la supresión de organismos públicos,
simplificar burocracia y centralizar la gestión son los
puntos imprescindibles.
Tras controvertidos recortes en gasto público y las alzas de
impuestos, llega la hora de meter mano en el sector público,
una de las medidas más demandada por los ciudadanos y una
compleja tarea sobre la que La Moncloa ya está trabajando.
Un equipo encabezado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha empezado a elaborar el plan que encauzará el
redimensionamiento de las instituciones y competencias
públicas.
Según las fuentes gubernamentales, la reforma de las
administraciones provocará el cierre de organismos públicos
inútiles, avanzará hacia la centralización de la gestión de
los servicios generales para ganar eficiencia y obligará a
las comunidades y a los ayuntamientos a tener una estructura
administrativa mucho más transparente.
El Gobierno se erigirá en vigilante de las empresas
públicas: tutelará el cierre de las ya existentes y limitará
la creación de nuevas entidades. En este punto, destaca que
el Ejecutivo aplicará “los mecanismos coercitivos”
contenidos en la Ley de Estabilidad presupuestaria si es
necesario. Se estudia, por ejemplo, la simplificación de los
tipos de empresas públicas (se busca que sólo haya uno o dos
modelos) y se quiere limitar su capacidad de acción mediante
cambios en la legislación mercantil. Otra opción en estudio
es que inspectores del Ministerio de Hacienda evalúen
aleatoriamente los contratos públicos de los ayuntamientos,
que durante años han escondido prácticas que chocan con la
libre competencia.
Aunque los trabajos están todavía en la primera fase, desde
el Ejecutivo apuntan que se están planteando iniciativas
concretas como la unificación de los boletines oficiales de
las comunidades autónomas para ganar seguridad jurídica, o
que se permita que los trámites municipales para abrir un
negocio se puedan cumplimentar a posteriori.
La Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas hará
acopio de las propuestas con las que debe preparar un
informe que previsiblemente será presentado antes del 30 de
junio. Esa es la fecha tope que se habría puesto el Gobierno
para alcanzar un pacto global con los agentes sociales y con
el PSOE sobre los cambios legislativos.
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Vivas anunció en octubre la reducción de diez a cuatro
sociedades
Hasta ahora han sido muchas las
palabras pero pocos los hechos. En el último año, el
Gobierno local ha anunciado varios planes para reorganizar
su sector público empresarial (disoluciones, absorciones,
fusiones, etc). Incluso llegó a aprobar la disolución del
ICD, pero nada de nada. El último anuncio fue a cargo del
presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, quien el pasado
mes de octubre afirmó que el Gobierno había preparado ya su
plan para reorganizar el sector público empresarial, de modo
que las diez sociedades actuales quedarían refundidas en
cuatro. Al mismo tiempo el presidente de la Ciudad reiteró
el “compromiso” de mantener “el empleo estructural vinculado
a las sociedades que ahora mismo hay”. Habrá que ‘ponerse
las pilas’ porque el Gobierno central llamará pronto la
atención sobre ésta situación.
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ejecutivo
