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En un año marcado por la crisis económica, la oficina del
Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, ha
incrementado sus actuaciones de oficio y sus resoluciones
(recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes
legales) para intentar paliar los efectos de la crisis en
los ciudadanos. La Defensora del Pueblo ha emitido cerca de
600 resoluciones y ha iniciado unas 400 investigaciones de
oficio, además de gestionar el considerable aumento de los
expedientes de queja que solo en lo que se refiere a las
quejas individuales se ha incrementado en cerca de un 20 por
ciento.
Por otra parte, en 2012 la Institución ha presentado los
monográficos: “Crisis económica y deudores hipotecarios”,
“La realidad catastral en España” y “La trata de seres
humanos en España: víctimas invisibles”. También ha
publicado su informe correspondiente al año 2011 y el
relativo a su actividad como Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura durante el pasado año.
Los temas económicos son los que más siguen preocupando a
los españoles: hipotecas, desahucios, participaciones
preferentes, el paro y el cobro de las prestaciones sociales
lideran las quejas
DIEZ ACTUACIONES HAN MARCADO 2012
1. Recomendaciones para evitar los desahucios: A la
Defensora del Pueblo le preocupa especialmente la situación
que viven muchas personas que como consecuencia de la crisis
económica, el desplome de los precios inmobiliarios y el
desempleo, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. Por
este motivo, a primeros de año la Institución presentó el
informe monográfico “Crisis Económica y Deudores
Hipotecarios” en el que se recogen una serie de
recomendaciones destinadas a luchar contra los desahucios.
Durante su intervención ante la Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo que tuvo lugar en el Senado el
pasado 6 de noviembre, Soledad Becerril reiteró las
recomendaciones del citado informe y expuso nuevas
propuestas como la reforma del RDL 6/2012 para que tenga un
ámbito de aplicación más amplio; la importancia de elaborar
un concepto jurídico del “deudor de buena fe”; o la
necesidad de regular un procedimiento de insolvencia de las
personas físicas, en la que se establezcan plazos y
prórrogas que hagan el pago más flexible.
Por otra parte, la Defensora propuso que se establezca un
acto previo de conciliación entre las partes, dotando al
juez de la facultad de imponer un acuerdo razonable. También
pidió limitar los intereses de demora y los gastos de
ejecución, y propuso la dación en pago en determinadas
circunstancias.
El RDL 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios ya que
contiene varias de las recomendaciones formuladas por la
Defensora. No obstante, Soledad Becerril considera que es un
paso en la buena dirección, aunque hay que seguir avanzando.
2. Viviendas de protección pública: En las últimas semanas
de 2012 la Defensora del Pueblo ha anunciado que está
preparando un informe sobre las Viviendas de Protección
Pública vacías que existen en España, tras detectar a través
de diversas investigaciones numerosos casos de personas
pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho
tiempo a la espera de que se les adjudique una.
Este informe, que previsiblemente será presentado a las
Cortes Generales en los primeros meses de 2013, pretende
seguir aportando propuestas que ayuden a paliar la situación
que viven muchas personas, que como consecuencia de la
crisis, han perdido sus hogares. En opinión de la
Institución, muchas de las VPP vacías podrían, mediante
distintas fórmulas con las administraciones, ser utilizadas
por familias que en estos momentos carecen de ellas.
3. Productos bancarios de riesgo: A finales de 2012 la
Institución celebró que el Banco de España aceptara su
propuesta de crear un semáforo que alerte sobre el riesgo
financiero. El Banco de España obligará a bancos y a cajas a
advertir a sus clientes del grado de riesgo de los productos
que van a contratar. En opinión de la Institución, la
libertad de creación de productos financieros y el acceso
del público a los mercados crea el riesgo de adquirir
productos no adecuados y refuerza la necesidad de proteger
al cliente y consumidor. La práctica ha demostrado que los
deseables parámetros de claridad y transparencia que deben
presidir las relaciones entre las entidades y sus clientes
no siempre se dan. De hecho, ha habido casos de distribución
abusiva de productos complejos de alto riesgo.
4. Preferentes: Soledad Becerril ha recibido numerosas
quejas de pequeños ahorradores que denunciaban que bancos y
cajas les habían vendido participaciones preferentes y deuda
subordinada sin la suficiente información. Por este motivo,
inició una investigación de oficio sobre este tema y dirigió
dos recomendaciones al Ministerio de Economía y
Competitividad y a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para reforzar la protección de los clientes de
productos financieros y para que se cree un mecanismo de
reclamación extrajudicial efectivo y en sede administrativa.
El Gobierno ya ha anunciado algunas actuaciones para
resarcir a estos ciudadanos en la línea de las propuestas
realizadas por la Institución. La Defensora del Pueblo tiene
previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto
en los primeros meses de 2012.
5. Catastro: En el informe “La realidad catastral en España,
desde la perspectiva del Defensor del Pueblo”, presentado en
marzo, la Institución formuló 42 recomendaciones, dirigidas
la Dirección General del Catastro y a la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos, con la pretensión de que
el Catastro mejore su servicio y lo haga más accesible a los
ciudadanos. Entre otras propuestas, la Defensoría abogaba
por que se vuelquen los esfuerzos de la inspección en la
investigación de fincas que actualmente no tienen titular
(726.156 en 2010), pues esto significa que no tributan.
6. Despilfarro: Para seguir luchando contra el despilfarro,
la Defensora ha reiterado la recomendación de que el
despilfarro sea tipificado como delito en el Código Penal y
ha pedido que sea obligatorio incluir en el presupuesto de
cada proyecto de infraestructura pública todas las partidas
previstas hasta su conclusión. Además, considera
imprescindible que antes de realizar una nueva
infraestructura se evalúe su uso social.
7. Víctimas del terrorismo: Soledad Becerril también ha
recomendado un tratamiento específico para las víctimas del
terrorismo en el futuro Estatuto de la Víctima. Así, la
Defensora ha formulado una serie de recomendaciones entre
las que propone que se establezca un “sistema permanente” de
comunicación con todas las víctimas del terrorismo de modo
que éstas conozcan las decisiones en materia antiterrorista
y tengan voz ante las Administraciones con respecto a las
cuestiones que les afectan.
También plantea que los autores de los delitos asuman no
solo las responsabilidades penales, sino también las
civiles. Y aboga porque se adopten las medidas necesarias
para evitar la impunidad y, en la medida de lo posible, la
prescripción de estos delitos, sobre todo, teniendo en
cuenta el alto número de asesinatos en los que no se han
depurado responsabilidades. Asimismo, destaca la solicitud
de que las víctimas del terrorismo sean informadas con mayor
antelación de la celebración de los juicios penales que les
afecten y que se evite que las víctimas y sus familiares
tengan que compartir espacios en los edificios judiciales
con los autores de los delitos y las personas de su entorno.
Algunas de estas recomendaciones ya han sido aceptadas por
el Ministerio de Justicia.
8. Urgencias hospitalarias: En aras de colaborar con los
defensores autonómicos de toda España, Soledad Becerril
coordinará un informe sobre el estado de las urgencias
hospitalarias de todo el territorio. Ésta es la primera vez
que la Institución del Defensor del Pueblo se coordina con
los defensores autonómicos para llevar a cabo una
investigación conjunta. A lo largo de los próximos meses
cada Defensor del Pueblo autonómico investigará el estado y
el funcionamiento de las urgencias hospitalarias de sus
respectivas comunidades autónomas. El resultado de estas
investigaciones se dará a conocer en un informe cuya
coordinación correrá a cargo de la Defensora del Pueblo.
9. Trata de seres humanos: En el mes de septiembre, la
Defensora presentó el informe “La trata de seres humanos en
España: víctimas invisibles”. En este monográfico se recoge
el resultado de 61 investigaciones de oficio y 32
expedientes de queja, así como entrevistas con 59 víctimas.
Además, se detallan varios casos reales sobre los que ha
tenido conocimiento la Institución. El trabajo, para el que
se ha contado con la participación de distintas
administraciones, organizaciones internacionales, sindicatos
y entidades que forman parte de la Red Española de Lucha
contra la Trata, es una radiografía de la situación de este
delito.
10. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: En el
informe del MNP relativo a de 2011, se recogió el resultado
de las 77 visitas a centros de privación de libertad
realizadas. Si en 2010 las 231 visitas realizadas
permitieron obtener un panorama global sobre la privación de
libertad en España, en 2011 los criterios fueron dar voz a
las personas privadas de libertad y conocer con mayor
profundidad su régimen de vida.
Otra de las novedades fue la incorporación a los equipos de
visita del MNP de médicos especialistas en medicina legal y
forense, psiquiatras y psicólogos. Con ello, se ha
pretendido llevar a cabo una evaluación integral y
multidisciplinar de los centros y lugares de privación de
libertad que, una vez más, se inspeccionaron mediante
visitas no anunciadas en cualquier momento del día o de la
noche. De hecho, varias de las visitas se hicieron de
madrugada o en días festivos. En total, se realizaron 9
visitas multidisciplinares. Además, se han realizado
fotografías de todos los centros visitados (algunas de ellas
se publican en el Informe).De las 51 visitas realizadas en
2012 se dará cuenta en el informe del MNP que se presentará
en los primeros meses de 2013.
Más con menos
Estas son algunas de las actuaciones más destacadas de la
Institución en 2012. Actuaciones que se han realizado con
una bajada del presupuesto de un 12,19% en el periodo
2009-2013, periodo en el que la Institución ha asumido
nuevas competencias como la de convertirse en Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) o las de asumir
las quejas que hasta ahora tramitaban organismos de reciente
desaparición, como el Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha o el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Para 2013 el presupuesto de la oficina del Defensor del
Pueblo descenderá un 3,2%, según acordaron las Cortes
Generales. Además, en el mes de agosto de 2012 la Defensoría
redujo su presupuesto en un 2,7% tras reducir el número de
coches oficiales, dietas y gastos de viaje y presupuestos de
protocolo.
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OPINIÓN
/
BALANCE
