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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, las dos primeras licitaciones para las compras
centralizadas de medicamentos y productos sanitarios con 14
Comunidades Autónomas, el INGESA (dependiente de Sanidad y
responsable de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla) y
los Ministerios de Defensa y del Interior.
En este primer acuerdo, se adquirirán dos tipos de
medicamentos y tres productos sanitarios, lo que reportará
un ahorro estimado de 80 millones de euros. Sumados a los
acuerdos ya aprobados este año para la compra de vacunas de
la gripe y vacunas del calendario infantil, el ahorro
inicial es superior a los 117 millones de euros.
PRODUCTOS SELECCIONADOS
En concreto, se han aprobado dos licitaciones, una de
medicamentos, por un valor superior a los 500 millones de
euros, y otra de productos sanitarios, por un valor cercano
a los 100 millones. La duración de los acuerdos será de dos
años prorrogable por un año más. En los acuerdos se ha
acordado la adquisición de los siguientes productos:
1. Medicamentos. Se adquirirán los fármacos de dos
principios activos:
-Epoetinas, indicadas para la anemia asociada a la
insuficiencia renal y para la anemia en pacientes en
quimioterapia.
-Anticuerpos monoclonales anti TNF. Son medicamentos
inmunosupresores indicados para las enfermedades autoinmunes
y para cuadros inflamatorios crónicos, como la artritis
reumatoide y las enfermedades inflamatorias intestinales.
2. Productos sanitarios. Se adquirirán tres tipos de
productos:
-Guantes de examen y quirúrgicos.
-Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre
(con autoanalizados).
-Material para incontinencia.
La articulación de esta agrupación de adquisiciones se
efectúa mediante la adopción de un Acuerdo Marco
centralizado de selección de precio y suministradores. Esto
permite a las distintas administraciones adheridas,
aprovechando los beneficios de las economías de escala,
formalizar con posterioridad sus correspondientes contratos.
Las licitaciones aprobadas hoy suponen el cumplimiento de lo
previsto en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,
que contempla el fomento de actuaciones conjuntas de los
servicios de salud en las adquisiciones que sean
susceptibles de un mecanismo de compra conjunta y
centralizada.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
El acuerdo también comporta ventajas para las empresas
suministradores, pues a partir de 2013 se establecerá un
sistema de garantía de pago a proveedores que permitirá el
cobro en el plazo legal establecido en las compras
centralizadas. Además, se garantiza la estabilidad de los
contratos hasta tres años.
Entre los objetivos de la licitación centralizada está la
obtención de mejores precios en la adquisición de productos.
Sin embargo, también persigue mantener la calidad y unificar
los criterios técnicos que deben cumplir los productos en
las Comunidades Autónomas adheridas, voluntariamente, al
proceso, así como dotar de mayor transparencia a los
contratos derivados del Acuerdo Marco. Por eso, en la
selección de proveedores, se tendrán en cuenta criterios de
solvencia técnica y financiera de las empresas. Los
criterios técnicos se han pactado con las diferentes CC AA.
En general, se establece que no haya un proveedor único para
el Sistema Nacional de Salud. En la licitación centralizada
sólo se realiza una selección de proveedores y el objetivo
es que, si hay licitadores suficientes por lote, se
seleccionen al menos cuatro proveedores. Después, será cada
Servicio de Salud el que, en sus contratos derivados fije el
o los proveedores para su Comunidad Autónoma
En concreto, se han adherido a estas licitaciones 15
Servicios de Salud: el INGESA y los de las Comunidades
Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y la Comunidad Valenciana.
Asimismo, participan el Ministerio de Defensa y la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
dependiente del Ministerio del Interior.
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