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Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
tenía previsto aprobar este mes de diciembre la reforma de
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, finalmente
cuestiones técnicas han llevado a posponer esta norma al mes
de enero. Con esta reforma, el Gobierno pretende resolver
los problemas relativos al pago de los abogados del turno de
oficio pero también aumentar el número de beneficiarios,
extendiendo este derecho a más personas, entre ellas las
víctimas de violencia de género y del terrorismo.
Además, se establece que para poder acceder a este servicio,
el ciudadano no puede tener ingresos superiores a 2,5 veces
el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es
decir, 15.975 euros anuales, y se incluyen medidas para
evitar la utilización abusiva de este derecho, como la
posibilidad de cruzar datos con Hacienda, Seguridad Social y
Registros.
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