política - JUEVES, 27 DE DICIEMBRE DE 2012

CEUTA
El Pueblo
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El Gobierno quiere impulsar una homologación del sueldo de los alcaldes y concejales. Ese salario se fijará en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado, de forma que ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado (cuya retribución en los actuales PGE ronda los 68.000 euros). El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos alcaldes.

El Gobierno de Mariano Rajoy empezará el año con un intenso paquete de medidas encima de la mesa, como la reforma de la Administración Local, la Ley de Unidad de Mercado o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tres normas que el Consejo de Ministros abordará el próximo mes de enero, según han informado fuentes gubernamentales. Otra de las reformas más esperadas para principios del ejercicio que viene, y que incluso podría llegar en enero, es la del sistema de las pensiones. Los objetivos serán suavizar el nexo legal entre alza de pensiones e inflación y acelerar el aumento efectivo de la edad legal de jubilación.

En busca del consenso en la reforma local

En el caso de la Ley de Bases de Régimen Local, el Gobierno tenía previsto aprobarla antes de que acabara el año, pero el deseo de contar con el mayor consenso posible -tanto de los municipios representados en la FEMP como del PSOE- le ha llevado a posponerla al mes de enero. Hacienda se prepara para un recorte a fondo de la financiación municipal.

Y es que Hacienda desconfía de las cifras de gasto de los alcaldes y acumula argumentos para hacer un ajuste profundo. La reforma de la financiación local (junto con la autonómica) es una de las tareas que el Gobierno deja pendientes para 2013, pero los expertos del departamento que ahora dirige Cristóbal Montoro llevan desde 2011 echando cuentas sobre qué hay detrás del ahogo presupuestario de los alcaldes y ven margen para ajustes notables. No en vano lo que observan es mucho gasto de “carácter discrecional”, que obedece a “razones de cálculo político en el comportamiento de los dirigentes municipales” y no tanto de recursos propios empleados en suplir las deficiencias de servicios y competencias ajenas, como suelen defender los regidores. Ese tipo de desembolsos, los llamados técnicamente “servicios no obligatorios”, suponen, como máximo, el 15 por ciento del gasto municipal total, de acuerdo con los informes internos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente de Hacienda. El mencionado porcentaje, con ser abultado, marca importantes distancias con respecto a las estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que hablan de un 26 por ciento de promedio (que se eleva al 35 por ciento en el caso de los más pequeños) e incluso con estudios académicos, del estilo del que maneja la Diputación Provincial de Barcelona, y que hablan de un 29 por ciento. En términos absolutos, según la FEMP, se trataría de 10.000 millones impropios, cifra que quedaría reducida a menos de 5.800 millones a los ojos de Hacienda.

Esa norma implicará la supresión de muchas mancomunidades y una clarificación de competencias municipales para evitar duplicidades y solapamientos, una medida con la que el Gobierno calcula que ahorrará alrededor de 3.500 millones de euros.

Junto a esta ley, el Gobierno quiere impulsar una homologación del sueldo de los alcaldes y concejales. Ese salario se fijará en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado, de forma que ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado (cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros). El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos alcaldes, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.
 

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, percibe concretamente 86.944,48 euros anuales

Vivas percibe mensualmente algo más de 6.000 euros, concretamente 6.442,66 euros. Su retribución es de 3.188,99 euros, a los que hay que sumar 1.287,50 euros por residencia, 339,79 euros por trienios y 1.626,38 euros por asistencia a sesiones plenarias. En un año, el presidente de la Ciudad percibe concretamente 86.944,48 euros. Lo que perciben los consejeros se sitúa en 3.911,83 euros, aunque hay algunos que perciben hasta 5.026 euros, teniendo en cuenta trienios y residencia. Fundamentalmente, la retribución de un consejero es de 2.285,45 euros, si bien el hecho de que se les aplique residencia, trienios y asistencia a las sesiones hace que aumenten sus emolumentos hasta las cantidades señaladas. Los consejeros que menos cobran perciben anualmente 53.139,24 euros, aunque hay uno que suma algo menos, concretamente 48.749,68 euros. De los consejeros, el que más cobra cuenta con 92.383,46 euros, es decir, más que el propio presidente de la ciudad.