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De acuerdo con el Real Decreto del Gobierno Central, se
han de presentar el cierre del ejercicio económico de 2012,
al menos como avance del mismo, antes del día 15 de enero de
2013. Así ha informado el interventor de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, José María Caminero quien se reunió ayer con
algunos gerentes y directores financieros de las sociedades
municipales y organismos autónomos.
El interventor de la Ciudad Autónoma de Ceuta, José María
Caminero se ha reunido con algunos gerentes y directores
financieros de las sociedades municipales y organismos
autónomos para poner en su conocimiento que, de acuerdo con
el Real Decreto del Gobierno Central, se han de presentar el
cierre del ejercicio económico de 2012, al menos como avance
del mismo, antes del día 15 de enero de 2013, fecha límite
para el envío de la documentación necesaria a Madrid, a fin
de que esté a disposición del Ministerio de Hacienda del que
es titular el ministro Cristóbal Montoro.
Como es bien sabido, la Ley de Sostenibilidad presupuestaria
ha provocado que muchas Administraciones Públicas se hayan
visto obligadas a dar muchas explicaciones en el ámbito
financiero de sus gestión económica al Ministerio de
Hacienda, hasta el punto que se ha dado el caso que los
Presupuestos de las Comunidades han de ser enviados, según
los requisitos que se han establecido por el mencionado
Ministerio y no de la forma que cada Comunidad estime
pertinente. Esta unificación de actuaciones en materia
económica, derivada del control presupuestaria que ya se ha
establecido por los mecanismos que han entrado en
funcionamiento, es la que motiva los cambios de conducta y
la activación de fórmulas nuevas.
Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha comunicado a
los gerentes y financieros con los que se ha reunido que las
cuentas anuales, en vez de cerrarse como hasta ahora el 30
de mayo, han de hacerlo al 31 de marzo.
No se puede obviar que, desde el pasado mes de mayo, el
Gobierno de la nación no ha cesado de promover normativas
para el control presupuestario y ha fijado una serie de
plazos para el desarrollo de las normas que ha ido
implantando, a fin de un mejor funcionamiento de la
Administración, en la que se ha querido evitar el
despilfarro y controlar al máximo el aspecto económico.
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