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Nada menos que doscientos magistrados y jueces de toda
España se han puesto en contra del doble indulto que el
Gobierno ha concedido a cuatro mossos d’Esquadra condenados
por torturas a un ciudadano, en este caso de nacionalidad
rumana. El hecho, insólito por cuanto respecta a la reacción
de la judicatura, ha tenido el respaldo de uno de los
magistrados que ejercen su titularidad en Ceuta,
concretamente el responsable del Juzgado Mixto número 5, el
Ilustrísimo Señor Don Carmelo Ordóñez Fernández, que señala
que la reacción de los jueces se produce ante un intento de
“desconfigurar, desnaturalizar los poderes del Estado”.
El Ilustrísimo Señor magistrado don Carmelo Ordóñez
Fernández trabaja de sol a sol, como se suele decir. A las
06.30 horas ya está en su despacho, con una mesa en la que
se amontonan cuestiones que deben ser solucionadas y que,
por mor de la falta de medios, le hacen trabajar muchas más
horas de lo estipulado.
Se queja de ello, pero no mucho. Prefiere trabajar y sacar
el trabajo adelante. Por lo que no pasa es por la injerencia
en la división de los poderes del Estado y de hecho es uno
de los doscientos magistrados y jueces que han suscrito un
manifiesto de reprobación al Gobierno por el indulto a
cuatro mossos d’Esquadra condenados por torturas a una
persona. Un doble indulto, como indica.
La razón de su posicionamiento es que defiende la separación
de poderes del Estado y cree que en este caso -se trata nada
menos que un doble indulto, indulto sobre indulto-el poder
Ejecutivo ha pretendido -y lo habría hecho- erigirse en una
especie de tribunal supremo que anularía las fundamentadas
sentencias y resoluciones judiciales de altos tribunales del
país. Según publicó en su momento el diario Público.es la
Audiencia de Barcelona y el Tribunal Supremo consideraron
probado que, el 27 de julio de 2006, los mossos Jordi
Perisse Bresc, Joan Salva Páez, Manuel Farre Muñoz y
Fernando Cea López, confundieron con un atracador a un
ciudadano rumano que salía de su casa en Barcelona junto a
su novia a tomar un café.
Los agentes se abalanzaron sobre L.P., “lo arrojaron de cara
al suelo colocándolo boca abajo y esposándolo con las manos
atrás”, propinándole a continuación “reiterados golpes y
puñetazos por todo el cuerpo, pisándole la cabeza contra el
asfalto y agarrándole por el cuello para impedir que
gritase”. “Todo ello sin identificación alguna”, añade la
sentencia.
Cuando un grupo de viandantes les recriminaban por su brutal
actuación, uno de ellos “dejó entrever una pistola, sacó la
placa, la mostró a los allí presentes y les expresó
‘dejadnos en paz, que estamos haciendo nuestro trabajo’, sin
que conste acreditado que L., en el suelo, boca abajo y
recibiendo golpes, pudiera apercibirse de la condición
policial de los mencionados acusados”.
Luego le llevaron en un vehículo policial a una comisaría de
Mossos D’Esquadra en Barcelona, comunicándole que estaba
detenido -al haber sido reconocido con dudas por una mujer
como autor de un robo con violencia y lesiones-. Durante el
traslado, un agente le introdujo la pistola en la boca y le
dijo: “reconócelo todo, si no te tiraremos por un barranco”,
y luego: “Si la juez te suelta, te podemos matar, no serías
el primero”, aparte de darle golpes con la pistola en la
espalda.
El detenido, ante los golpes que no paraban de los agentes,
les dijo que era hemofílico -lo que era verdad- por lo que
podía morir, a lo que un policía le dijo: “Más valía”. En
ese momento salió otro agente que les pidió a sus compañeros
que pararan porque había cámaras grabadoras.
Luego le llevaron a un calabozo y le desnudaron,
informándole por primera vez de sus derechos. El detenido
perdió el trabajo “a consecuencia de la detención”.
A partir de ahí, la sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que condenó a los agentes por torturas, un
“delito grave, gordo”, según Carmelo Ordóñez. Entre enero y
febrero de este año, se produce el indulto que rebaja la
pena de prisión para los mossos, aunque la sentencia del
Tribunal Supremo ratifica casi en su totalidad todos los
hechos considerados probados.
Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico,
suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas.
El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los
agentes condenados para reducir sus penas a dos años de
prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la
suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La
Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta
aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el
cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del
indulto por el Gobierno. El Gobierno decidió conceder un
nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la
pena de prisión por pena de multa.
Para el magistrado don Carmelo Ordóñez, es un hecho
“insólito. Por primera vez en España se produce un indulto
sobre un indulto”. Desde su punto de vista, la Ley de
Indulto, que data de 1870 nada menos, está “obsoleta” y ha
de aplicarse en casos “muy especiales y muy concretos”. Lo
que no acepta el magistrado es que el Gobierno “se
constituya en un órgano que revise las sentencias de los
jueces, además por dos veces”.
“Es como una especie de Tribunal Supremo, revisando
sentencias firmes, suplantando”, agregó. Desde la
perspectiva del reputado magistrado, se trata de “una
intromisión descarada sobre las facultades de juzgar y
ejecutar de los tribunales”. No sólo es el único en expresar
esta opinión, sino que su criterio es también compartido por
doscientos magistrados, entre los que se incluyen insignes
juristas hasta del Tribunal Supremo.
“Por intranet decidí adherirme a las protestas contra el
doble indulto. El primero de los indultos es
irreprochable... Pero el segundo.... El Gobierno parece
haberse convertido en la Sala II del Tribunal Supremo. Nunca
lo había visto”, expresa con perplejidad.
“Es el segundo indulto por el mismo hecho en ocho meses. Se
pone en tela de juicio la actuación impecable de policías,
guardias civiles y de mossos d’Esquadra que trabajan día a
día por la seguridad de todos. Se prima a quienes vulneran
la Ley, la Constitución, el Derecho Internacional...”, clama
el magistrado.
Para don Carmelo Ordóñez, lo malo es “que se abre una brecha
por la vía de indulto en contra de las resoluciones
judiciales”. La protesta de los jueces no llegará a parte
alguna, puesto que el indulto no se puede revocar, “sin
embargo, al menos, queremos dejar constancia de que es
inaceptable”, expresa. En este año se han concedido
aproximadamente 468 indultos, pero “mientras que no se
reforme la ley, está muy en duda la doctrina”. Apunta que la
gravedad del asunto es que el Gobierno se ha convertido en
un “poder judicial paralelo”. Cree que el doble indulto es
“una falta de respeto” a la Sala de la Audiencia Provincial
de Barcelona, compuesta por tres magistrados, que tuvieron
que trabajar de firme para condenar a cuatro agentes por
torturas: “ésa insistencia por el indulto, para que no vayan
a la cárcel es una desconfiguración, una desnaturalización
de la división de poderes del Estado”.
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