Tal día como hoy, los españoles refrendamos por absoluta
mayoría, nuestra Constitución, instituyéndose el Estado
democrático que es hoy, y llegando así a uno de los puntos
de inflexión más importantes de su historia reciente. Ésta
Constitución de todos y para todos los españoles, fue capaz
desde un primer momento de ser instrumento de unión.
Monárquicos y republicanos, los más centralistas con los
menos, intervencionistas con los no intervencionistas… Todos
ellos engrandecieron su Patria y fueron capaces de convivir
en esa nueva realidad social que alumbraba nuestro país.
En la Constitución encontramos nuestra esencia como nación y
como sociedad, nacida de nuestra cultura, entendida y
juzgada con los valores de todos los españoles y no por su
adaptabilidad a otros intereses que no sean los de toda la
sociedad. Intereses que con el paso del tiempo y el cambio
de nuestra sociedad, han evolucionado en paralelo a esta.
En estos difíciles momentos, en los que la crisis económica
sirve de acicate a la desesperanza, es cuando el consenso y
la generosidad de los españoles, plasmadas en nuestra
constitución, debe ser nuestro mejor instrumento para salir
de esta situación.
Por otro lado, nuestra libertad, principio fundamental de la
Carta Magna, no puede ser coaccionada por intereses
particulares que nada tienen que ver con los propios fines y
valores defendidos en ella. La no defensa de estos últimos y
permitir estas coacciones, tendrá unos perjuicios
difícilmente previsibles en el Estado. Subyugar los
intereses de una mayoría de españoles a los de la minoría,
aunque estos han de ser tenidos en cuenta en la medida que
no fragmenten la igualdad de todos los españoles, acabará
con la cohesión social necesaria en todo país.
En conclusión, tenemos que recuperar aquel espíritu de 1978.
Queremos una España unida, dejando de lado los sectarismos.
Buscar y encontrar los puntos en común. Rememorar aquel
espíritu que siempre nos unió, como personas y no como
sujetos, materializado en los ideales de paz, de justicia y
de igualdad, por lo que respetando los derechos y las
aspiraciones de todos los ciudadanos conseguiremos hacer de
España la gran nación que un día fue. Ahora, más que nunca,
la voluntad de unir a todos los españoles en lugar de
separarlos, debe ser una prioridad.
La unidad de España es la mejor garantía de su pluralidad
interna, fundamento de solidaridad entre los ciudadanos y
entre sus diferentes regiones, y principio originario de las
libertades que hoy disfrutamos. Es por eso que, incluso
desde un punto de vista moral, la causa de la unidad es
superior a la obsesión fragmentadora, como la solidaridad lo
es sobre el egoísmo y el entendimiento sobre el conflicto.
España posee una cultura rica y diversa, es una red tupida
de emociones y costumbres, proyectos sociales, comerciales y
empresariales, lazos familiares y vínculos afectivos. En
definitiva, y como ocurre en cualquier nación de nuestro
entorno, existen interconexiones en todos los órdenes de la
vida, pública e institucional, pero también privada y
familiar. El éxito de los movimientos secesionistas
provocaría necesariamente la fractura traumática de esta
realidad histórica y acarrearía nefastas e impredecibles
consecuencias para todos los españoles. Por eso queremos
manifestar nuestro apoyo a todos los ciudadanos que, por
vivir en regiones donde han proliferado los mensajes
separadores, padecen a diario la exclusión social del
nacionalismo y corren el riesgo real de quedar fuera de
España y al margen de la Unión Europea.
El tan mentado derecho a decidir, que como otras
construcciones eufemísticas que pretenden edulcorar un
pretendido e inexistente derecho a la secesión, y que tanto
predicamento ha alcanzado en círculos políticos, sociales y
mediáticos, es simple y llanamente una falacia, además de un
abordaje tramposo del derecho de autodeterminación, que no
encuentra amparo ni en el Derecho Constitucional Español, ni
en el Derecho Comparado, ni en el Derecho
Internacional. Lo que sí existe es el derecho de los
españoles a que la legalidad vigente sea respetada, a que
las aspiraciones políticas y las reformas se formulen a
través de los cauces legales de revisión establecidos,
siempre y cuando respeten los principios constitucionales de
reforma, y el fundamento expreso que los sostiene, es decir,
la indisoluble unidad de la Nación Española.
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