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Un documento gráfico captado por este periódico deja mucho
margen para la duda: prohibir a los Menores no Acompañados
de la Residencia de La Esperanza “que se pongan en contacto”
con familiares. Un hecho que, “per se”, sin entrar en otros
componentes, resulta hasta cruel, por lo que encierra de
aislamiento humano y físico. Y de otra parte, ¿no estamos
hablando de MENAS? Es decir, Menores no Acompañados,
entiéndase, los que no se les reconoce vínculo familiar
alguno, abandonados a su suerte (que es mucho decir).
Por estas razones, no acabamos de entender la orden
restrictiva de privar de contacto a unos menores que están
siendo tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta a muy
elevado coste en época de crisis, y encima, nos permitimos
no indagar o facilitarles el contacto con sus familiares
para que se hagan cargo de ellos y, así, acoger,
estrictamente, solo y absolutamente, solo, a los desvalidos
que no cuentan con vínculo ni respaldo alguno y han sido
abandonados de manera inmisericorde al mundo para que se
busquen la vida o malvivan si no encuentran alguna
posibilidad humanamente favorecedora.
En estos asuntos hay que ser muy humanitario, muy solidario
y, a la vez, muy riguroso abordando los casos auténticos y
huyendo de políticas cínicas, que en nada tienen que ver con
el carácter tolerante y filantrópico a coste supermillonario.
Quienes tengan disposición, posibilidad, y localización de
familiares, no sólo hay que permitirle que se pongan en
contacto con ellos sino estimularlos a que lo hagan cuanto
antes para evitarle el desarraigo familiar e integrarlos en
su hábitat, en vez de ir poniendo letreros prohibitivos que
confieren a estos Centros un carácter de reclusión sin
posibilidad de comunicación con el entorno familiar
deseable.
La Fiscalía de Menores debería vigilar esta situación para
que la ayuda se haga realmente a quienes han sido realmente
abandonados y no para aquéllos que pudieran buscar en la
picaresca una fórmula de subsistencia con una mal entendida
solidaridad que en nada tiene que ver con el mundo farsante
y de pillería que sobrecarga las arcas públicas de nuestra
hacienda en época de crisis. Habría que ser mucho más
cuidadosos, estrictos y beligerantes para quienes traten de
hacer del acogimiento un negocio o una forma fraudulenta de
sobrevivir al amparo de unas leyes en las que no tienen
encaje ni la pillería ni las conductas negligentes de
quienes habrían de velar por el buen uso de los fondos
públicos para que cumplan realmente su misión.
El hecho es que carteles como el que hemos fotografiado deja
mucho que desear y parece que, también queda al descubierto
un hecho que mueve a la desconfianza y a la sospecha:
prohibir el contacto con familiares a menores que, por la
situación en la que se encuentran, no los tienen o, al
menos, su propio estatus así lo certifica para formar parte
de un Centro de Menores donde su abandono es la seña de
identidad común.
A ver si alguien comienza a aclararse o a aclarar esta
situación que no por variopinta o confusa, es menos
incomprensible. No caben carteles en donde no son
necesarios.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
