Los sindicatos de justicia inician desde hoy y hasta el
próximo mes de enero una campaña de recogida de firmas para
protestar contra la ley de tasas judiciales. Los
trabajadores protestan también por la falta de financiación,
de medios personales, materiales y organizativos en la
Administración de Justicia y la falta de oferta de empleo
pública.
Los sindicatos de Justicia comenzarán hoy una campaña de
recogida de firmas en las puertas de los juzgados y centros
de trabajo de todas las provincias contra la ley de tasas
judiciales impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Galllardón.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
sindicato mayoritario en el sector de Justicia, junto con
CCOO y UGT han impulsado esta campaña de carácter estatal
que tiene por objeto denunciar el “sutil desmantelamiento”
del sector público de la Justicia que está llevando a cabo
el Gobierno de Mariano Rajoy. Las plataformas sindicales
recogerán durante los meses de diciembre y enero las firmas
de los trabajadores de la Administración de Justicia y de
los ciudadanos contrarios a los proyectos de Gallardón con
la vista puesta en presentar las rúbricas ante el Ministerio
de Justicia en una manifestación que se celebrará el 19 de
enero en las calles de Madrid.
Los empleados públicos al servicio de la Administración de
Justicia afirman que no pueden permanecer “impasibles” ante
las “tropelías” que el Gobierno está realizando y que
tendrán “devastadoras” consecuencias en sus condiciones
laborales y en el servicio que se presta al ciudadano.
Entre las razones que han soliviantado al sector, se
encuentra la naturaleza “abusiva y claramente perturbadora”
del derecho a la tutela judicial efectiva que suponen las
tasas judiciales; las “pésimas” condiciones laborales y
salariales que propone la nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial; o la “mercantilización” del Registro Civil al
ponerlo en manos de “profesionales del cobro”.
“Dará lugar a un encarecimiento de la Justicia y un
alejamiento de la misma a los ciudadanos porque los
registradores cobran por arancel y al final el ciudadano
tendrá que pagar por sacar una partida de nacimiento”,
advierten desde las centrales sindicales.
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