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Como todos los años, el 3 de diciembre los Socialistas nos
unimos a la conmemoración de este día junto a las
organizaciones de la discapacidad. Es cierto que este año
atravesamos una coyuntura económica muy difícil. La crisis
económica incide de forma más virulenta en los sectores
sociales en situación de mayor vulnerabilidad. El impacto de
la crisis económica y de empleo, evidente en toda la
sociedad, es mucho mayor en las personas con discapacidad y
en sus familias.
Ante esta situación, los poderes públicos, más que nunca,
deben intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en
la protección de los derechos y la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad. Y el Gobierno de
Rajoy está haciendo justo lo contrario, con brutales
recortes presupuestarios y reformas legislativas regresivas.
Especialmente dramáticos son los recortes en la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de Dependencia. Desde que el Partido Popular
llegó a La Moncloa, hace ahora un año, la Ley de
Dependencia, impulsada por el Gobierno socialista, ha sido
cuestionada y atacada en sus principios inspiradores. En tan
sólo doce meses, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso
de desmantelamiento del Sistema, modificando la Ley por la
puerta de atrás y sin dialogar con nadie.
Hemos comprobado cómo han metido la tijera en la Dependencia
hasta reducir los fondos en más de un 30%. Han rebajado en
un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores
familiares, disminución que puede llegar hasta el 85% a
decisión de cada Comunidad Autónoma. Y hemos comprobado
también cómo, paralelamente, aumentaban el copago de los
dependientes. Además, las y los cuidadores familiares no
profesionales han perdido las cotizaciones a la Seguridad
Social que financiaba el Gobierno y se ha ampliado el plazo
hasta 2 años para que las Comunidades atiendan a sus
dependientes sin generar retroactividad.
Los recortes son innumerables pero las consecuencias de este
desmantelamiento son ya muy evidentes hasta el punto de
expulsar a los dependientes del sistema. Por primera vez,
hay menos personas dependientes atendidas, personas que
tenían derecho a recibir una prestación o servicio y ahora
ya no lo tienen. Esta situación es absolutamente inadmisible
y vamos a seguir denunciándola.
Por otro lado, de manera singular, en este momento,
consideramos fundamental apostar de manera decidida por
salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las
personas con discapacidad. El empleo es el cauce fundamental
para alcanzar la plena integración de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos.
El acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido
a los principios que inspiran la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ratificada por España durante los Gobiernos socialistas: la
dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad,
la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y
la aceptación de las personas con discapacidad como
manifestación de la diversidad y la condición humana.
Por ello, reclamamos al Gobierno que tome medidas de apoyo a
los Centros Especiales de Empleo, entre ellas, ampliar la
subvención del coste salarial correspondiente a puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad al 75% del
salario mínimo para los colectivos con especiales
dificultades para su inserción laboral.
Exigimos al Gobierno reponer los recursos destinados a las
políticas activas de empleo de personas con discapacidad; y
dar de nuevo vigencia plena a las “Medidas estatales de
inserción laboral de personas con discapacidad”, así como a
la Estrategia Española del Empleo 2012- 2014.
Solicitamos garantías del Gobierno para que las distintas
Administraciones salden la deuda contraída en concepto de
ayudas a la inclusión laboral que tienen con muchas empresas
y entidades del Tercer Sector social. Y, por último,
instamos al Gobierno a aprobar una nueva normativa de
promoción de la inclusión laboral de las personas con
discapacidad, que renueve el marco de empleo de las personas
con discapacidad, que acaba de cumplir 30 años y que ya no
sirve a los objetivos para los que surgió.
Las personas con discapacidad están sufriendo un claro
retroceso en las conquistas sociales y de derechos obtenidas
a lo largo de estos años. El Partido Socialista siempre ha
defendido los derechos y libertades de las personas con
discapacidad. Seguiremos trabajando junto al Tercer Sector,
aliados imprescindibles, para lograr una sociedad mejor, más
comprometida y más participativa, y continuaremos
defendiendo de manera prioritaria la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.
¡No podemos retroceder!
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
