La militancia socialista debería
reflexionar en profundidad respecto a cuales son las causas
que han llevado a sus votantes a retirarles la confianza en
los últimos comicios celebrados, no deben albergar dudas al
respecto a pesar del compromiso de sus actuales dirigentes.
La presencia en los medios de comunicación es constante
aunque, cuestión distinta es el interés informativo de unos
comunicados y comparecencias de prensa que tan solo buscan
menoscabar la credibilidad del Partido Popular.
En esta ocasión, debo referirme a las continuas alusiones a
los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas relativos
a la gestión del Ejecutivo ceutí en los últimos años,
obviando intencionadamente el hecho de que todas las
recomendaciones ofrecidas por el alto tribunal económico han
sido aplicadas. Y por supuesto, jamás ha existido sentencia
condenatoria alguna contra alguno de los miembros del
Ejecutivo ceutí en los últimos once años de Gobierno.
Pues bien, quienes así actúan obvian los informes emitidos
en relación a la administración de una Comunidad dirigida
desde hace años por el partido socialista, Andalucía. Los
diferentes informes emitidos por el Tribunal de Cuentas
señalan que la Junta ha incumplido sistemáticamente la Ley
de Subvenciones en todas las ayudas entregadas para el
fomento de empleo. Debo recordar que la tasa de desempleo en
esta autonomía se sitúa en el 35,42%, 1.424.200 desempleados
en el tercer trimestre del año, diez puntos más que la media
nacional.
Los informes evidencian que el Servicio Andaluz de Empleo,
organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la
consejería competente en materia de empleo, ha cometido
irregularidades muy graves. Todas las líneas de subvenciones
para el fomento del empleo en los últimos años incumplieron
los principios de transparencia, igualdad y objetividad
establecidos en la Ley General de Subvenciones y, por tanto,
no se concedieron mediante los principios de concurrencia
competitiva, se entregaron de forma arbitraria. De hecho,
cuatro años después de tramitar 25.377 expedientes por un
importe de 420 millones de euros, aún no se ha presentado
documentación justificativa alguna.
Entre todos estos expedientes debo incidir especialmente en
los relativos a las subvenciones concedidas a la Unión
General de Trabajadores en esta autonomía, 1,9 millones de
euros recibidos sin justificación alguna. Circunstancia que
podría justificar que esta central sindical haya sido
especialmente permisiva con quienes lideran la tasa de
desempleo en este país.
No negaré que nuestra ciudad sufre problemas importantes,
pero no es menos cierto que el Ejecutivo ceutí ha seguido
las recomendaciones ofrecidas por el Tribunal de Cuentas a
pesar de las duras críticas provenientes de una formación
política, que perdió hace muchos años cualquier indicio de
credibilidad. Todos, incluidos los simpatizantes de esta
formación política, debemos ser plenamente conscientes de
que nuestro país se ha convertido en objetivo prioritario de
quienes esperan obtener importantes ingresos a consta de los
españoles por tanto, es el momento oportuno de consensuar
las medidas necesarias que nos devuelvan en la mayor
brevedad posible a la senda del crecimiento económico.
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