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La imposiciión de tasas para la impartición de justicia
ha sido recibida negativamente por parte del sector. Prueba
de ello es la actitud con la uqe recibe la noticia el
colectivo encuadrado en el Ilustre Colegio de Abogados de
Ceuta que dirige la decana Isabel Valriberas Acevedo, que se
muestra claramente en contra de la medida. No sólo va a
repercutir en la cuestión relativa a la decisión que puedan
tener los ciudadanos de recurrir a la justicia cuando lo
deseen, en base a la situación económica en que se
encuentren, sino que también podría tener ascendencia en la
actividad de la abogacía. En todo caso, la decana del
Ilustre Colegio de Abogados de Ceua responde a las
preguuntas que le formula el diario El Pueblo.
Pregunta.- ¿Cuál es la opinión de la decana del Ilustre
Colegio de Abogados de Ceuta en cuanto a la imposición de
tasas judiciales por parte del Gobierno?
Respuesta.- No creo que pueda haber razones que justifiquen
el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia. El pago
de la tasa supone una limitación del acceso a la Justicia a
aquellas personas que sin poder gozar de la asistencia
jurídica gratuita carecen de recursos suficientes para hacer
pago de unas tasas, que, a mi juicio, son excesivas.
Considero que la imposición de las tasas vulnera el derecho
a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24
de la Constitución, y el derecho de igualdad de acceso a la
Justicia para todos los españoles, por lo que puede ser
declarada inconstitucional.Las cuantías establecidas son
excesivas, y no se atiende a las circunstancias de casa
caso. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos tiene establecido, entre otras, en la sentencia
Weissman y otros, versus Rumanía 63945/00, de 24 de mayo de
2006, que “la cantidad de las tasas debe ser apreciada a la
luz de las circunstancias de cada caso, incluida la
solvencia del demandante y la fase del procedimiento….”
.Tampoco estoy de acuerdo con la vinculación de la tasa
judicial al sistema de justicia gratuita, porque considero
que el Estado tiene la obligación de financiarla con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, y no con cargo a los
usuarios de la Justicia mediante el pago de las tasas.
P.- ¿Cree que supondrán una merma en la impartición de
justicia para el ciudadano de a pie?
R.- Creo que se van a producir situaciones de indefensión y
desigualdad, y, en definitiva, como he apuntado antes, de
falta de tutela judicial efectiva. Habrá personas que no
puedan presentar una demanda o interponer un recurso de
apelación por no tener medios para pagar las tasas.
La Ley de Tasas Judiciales va a propiciar que haya una
Justicia de ricos y otra de pobres, y sobre todo va a causar
perjuicio a un sector muy mayoritario de la población, el
que por su nivel de ingresos no cumple los requisitos para
acceder al reconocimiento de la justicia gratuita, pero que
no tiene suficientes recursos económicos para acceder a una
Justicia cara. Aquellos a quienes se les reconozca el
derecho a la asistencia jurídica gratuita apenas se ven
afectados por la Ley de Tasas, ya que están exentos del pago
de la misma. Los ciudadanos y empresas que gocen de una
buena situación económica lo único que van a notar es que el
litigio les va a costar más caro, pero podrán hacer frente
al pago de las tasas. En cambio aquellas personas o pequeñas
empresas que tengan recursos económicos muy limitados, se
pueden ver en la situación de no poder litigar si en el
momento del pago de la tasa carecen de liquidez para hacer
frente a la misma. En definitiva el ciudadano va a tener la
sensación de menor protección judicial.
P.- En cuanto al colectivo que representa, ¿ha pulsado la
sensación general de los abogados ceutíes?.
R.- La generalidad de los abogados ceutíes, como la mayoría
de los abogados españoles muestran su desacuerdo con esta
Ley, porque no creen que esta Ley vaya a contribuir al mejor
funcionamiento de la Justicia, y porque, como consecuencia
de la misma van a quedar desatendidas personas que pueden
requerir la tutela judicial.
P.- ¿En qué medida afectarían las tasas a los abogados
ceutíes? ¿Tendrán menos trabajo?
R.- La Ley de Tasas nos obliga a los abogados a la hora de
que formalizar un encargo con el cliente de hacerle saber no
sólo el coste de los honorarios profesionales de abogado y
procurador, cuando éste es necesario, sino también del
importe de las tasas que habrá de abonar durante el curso
del proceso, y a exigirle que provisione fondos para su pago
antes de iniciarse el mismo.
Lógicamente si disminuye el número de procedimientos
judiciales con motivo de la aplicación de la Ley de Tasas,
también disminuirá la intervención de los letrados ante los
Tribunales, lo que conllevará a menor trabajo en este
ámbito. Pero no creo que esta Ley disminuya el trabajo de
los abogados, por cuanto aunque su cliente pueda tener
vedado el acceso a los Tribunales por motivos económicos, el
abogado tendrá que buscar a través de otros medios la
solución de su conflicto o controversia, por ejemplo, la
negociación para alcanzar acuerdos transaccionales
extrajudiciales, la mediación o el arbitraje.
P.- ¿Tendrá esta medida alguna repercusión de cara a la
posibilidad de que los ciudadanos que carecen de recursos
puedan acudir a una representación letrada de oficio?
R.- Esta Ley de Tasas no afecta a aquellas personas que
cumplen los requisitos para que se les reconozca la justicia
gratuita, ya que según el artículo 4. 2.a), están exentos de
esta tasa. Ello quiere decir que todas aquellas personas que
en su unidad familiar los ingresos no superen los 14.910 €
brutos anuales, podrán solicitar se les reconozca el derecho
a la justicia gratuita y con este reconocimiento estarán
exentos del pago de la tasa. No obstante la Ley de
Asistencia Jurídica Grauita va a ser reformada muy pronto.
Ya existe un borrador de anteproyecto y el propio Ministro
de Justicia anunció que en breve se presentaría el mismo,
por lo que habrá que esperar la reforma de esa Ley para
saber si introduce modificaciones en la concesión del
derecho y si va a tener algún efecto sobre la aplicación de
la Ley de Tasas.
P.- A partir de ahora, ¿qué debe saber el ciudadano a la
hora de recurrir a la justicia?.
R.- Que si no cumple los requisitos para que se le reconozca
el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el
procedimiento judicial le va a resultar más caro que antes.
P.- ¿En qué casos hay que pagar por acudir a la justicia?
R.- La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
habrá de pagarse en el orden civil,
contencioso-administrativo y social. Está exento del pago de
la tasa el orden penal, por lo que no habrá que abonarla en
el procedimiento penal, ya se intervenga en el mismo como
denunciante o como denunciado o inculpado. Hay que pagar
tasas en: la interposición de la demanda en toda clase de
procesos declarativos y de ejecución de títulos
extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la
formulación de reconvención y la petición inicial del
proceso monitorio y del proceso monitorio europeo; la
solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en
procesos concursales; la interposición de la demanda en el
orden contencioso-administrativo; la interposición del
recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito
civil; la interposición de recursos de apelación contra
sentencias y de casación en el orden civil y
contencioso-administrativo; la interposición de recursos de
suplicación y de casación en el orden social; y en la
oposición a la ejecución de títulos judiciales. No obstante
hay algunas exenciones al pago de las tasas por razones
objetivas, por ejemplo los procesos que versen
exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores y
sobre alimentos de los mismos... y por razones subjetivas,
como la exención para los funcionarios públicos en defensa
de sus derechos estatutarios.
P.- Por otra parte, recientemente el Ilustre Colegio de
Abogados apoyó expresamente el plante de jueces y fiscales
en pro de una reforma integral de la justicia. ¿Cree que las
medidas de presión por parte de la judicatura supondrán un
cambio de orientación en la política del Gobierno?
R.- No se qué efecto van a producir en el Gobierno las
medidas que adopte la judicatura, pero sí me parece
importante que la Judicatura esté manifestando públicamente
la necesidad de mantener su independencia y su opinión sobre
la situación actual de la Administración de Justicia y los
problemas a los que se enfrentan diariamente. Los jueces y
magistrados deben ser oídos, como tienen que ser oídos los
demás sectores jurídicos (fiscales, secretarios judiciales,
funcionarios, abogados, procuradores…), que llevamos
reclamando desde hace años una participación real y efectiva
en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley
o normativa de desarrollo legislativo.
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