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El Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la seguridad de sus prestaciones, ha cumplido el
pasado sábado tres meses de vigencia. La medida contempla
reformas con la exclusión del sistema sanitario a los
inmigrantes indocumentados. En Ceuta, sin embargo, no se han
registrado incidencias, según destacan el director
territorial del Ingesa y el consejero de Sanidad. Además, el
CETI ha continuado asistiendo de Atención Primaria.
“El Ingesa de Ceuta, en estos meses, no ha sufrido ninguna
incidencia reseñable, puesto que la atención sanitaria ha
estado garantizada en todo momento”. Con estas palabras, el
director territorial de la institución sanitaria, Fernando
Pérez-Padilla, explicaba a EL PUEBLO cómo habían
transcurrido los tres primeros meses de aplicación del Real
Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
seguridad de sus prestaciones, en el que se incluían medidas
como la exclusión del sistema sanitario a los inmigrantes
indocumentados.
Una situación que, sin embargo en Ceuta, no se ha producido.
En gran parte, porque la Atención Primaria la cubre el
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). “Los
inmigrantes, con o sin papeles, siguen recibiendo los
servicios básicos, y además en el CETI se activa a su
llegada un protocolo, en colaboración con el Ingesa, para
detectar enfermedades”, explica el consejero de Sanidad,
Abdelhakim Abdeselam, quien asegura que el balance de estos
tres meses ha sido “positivo” y que ha tenido “más eco
mediático que incidencias”.
“Las medidas, que más que reformas son ajustes, han servido
para que podamos seguir gozando de la Sanidad pública,
universal y gratuita como un pilar básico del Estado de
Bienestar. Así se está haciendo y así seguiremos”, agregó el
consejero. “Tenemos un sistema sanitario eficaz, eficiente y
equitativo con el resto de las comunidades”, añade. “La
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que es
referente a nivel europeo, sigue siendo muy valorada”.
Director territorial
“El Real Decreto-ley se puso en marcha para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, normalizando la
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la
asistencia sanitaria. Ha venido a poner fin a los abusos del
turismo sanitario, como explicó la ministra Ana Mato hace
unos días, que se venían produciendo por parte de ciudadanos
de otros países”, apunta Pérez-Padilla.
“Cabe puntualizar que los extranjeros en situación irregular
que no tengan suscritos convenios, y a cuyos países no se
pueda facturar su asistencia, recibirán asistencia sanitaria
en casos de urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente,
hasta el alta médica, a criterio del facultativo. Además,
recibirán los cuidados en los casos de embarazo, parto y
postparto. Asimismo, está garantizada la asistencia para los
extranjeros menores de 18 años en todos los casos y en las
mismas condiciones que para los españoles”, añade. De este
modo, el director territorial destaca que el Gobierno
“garantiza por ley una cobertura sanitaria básica para
personas en situación irregular, similar, y en algunos casos
más amplia, que la mayoría de los países europeos”. “El
fondo de esta normativa, no es más que el de facilitar una
gestión sanitaria eficiente de recursos públicos, en
beneficio de todos los contribuyentes”, concluye.
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Consejo Interterritorial del SNS en la segunda quincena de
diciembre
El consejero de Sanidad y Consumo,
Abdelhakim Abdeselam, volverá a desplazarse a Madrid para
reunirse con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, y los representantes del área de las
distintas comunidades autónomas, en la segunda quincena del
mes de diciembre, probablemente el día 19, según ha
informado el consejero. “Daremos nuestra aportación y
veremos cómo se han desarrollado las medidas del Real
Decreto-ley”, explica Abdeselam. Mientras, a nivel nacional,
‘Médicos del mundo’ ha denunciado “el caos existente”
después de la entrada en vigor de esta reforma. La ONG
explica que la aplicación en el territorio nacional ha sido
“muy heterogénea”, ya que “mientras algunos gobiernos
autonómicos empezaron a rechazar a las personas inmigrantes
desde mayo de 2012, cuatro meses antes de la entrada en
vigor de la norma, otros han combatido la legislación
discriminatoria incluso en los tribunales”.
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reforma sanitaria
