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Facua mostró ayer su oposición después de que se aprobara el
real decreto para paralizar los desahucios. La asociación de
consumidores ha denunciado que “la mano del poder financiero
está claramente detrás de un real decreto ley cuyo contenido
es claramente discriminatorio y con visos de
inconstitucionalidad”. Desde el Congreso, el ministro de
Economía, Luis de Guindos explicó que habrá en torno a
120.000 familias que se podrán beneficiar de estas medidas
urgentes, pero para Facua esta cifra no es suficiente cuando
ya miles de familias se han visto desahuciadas.
En total, alrededor de 120.000 familias cumplen los
requisitos sociales, de esfuerzo y de renta que exige el
Gobierno y que obligan a las entidades financieras a
renegociar las condiciones del préstamo impidiendo que el
último tramo del proceso de desalojo pueda llevarse a cabo.
Según De Guindos, el Gobierno cuenta, además, con 6.000
viviendas vacías aportadas por las cajas, bancos y
cooperativas de crédito, que pasarán a integrar en el nuevo
Fondo Social de Vivienda con el que el Ejecutivo quiere
complementar la protección a familias desfavorecidas que,
sin embargo, no cumplan alguno de los requisitos necesarios
para impedir el desalojo.
En Ceuta, durante los últimos años se han producido dos
desahucios y varios desalojos de ‘okupas’.
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