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La controversía que ha rodeado en los últimos meses el
desarrollo de los acontecimientos con los 21 trabajadores
del Convenio de Inmigración ha llevado a tres de los cuatro
trabajadores despedidos al Juzgado, donde ganaron su
demanda, aunque sólo en un caso, se produjo la readmisión:
la del un representante sindical, el delegado de CSIF, al
que se le consideró “despido improcedente” y recibió una
indemnización, como a los otros dos compañeros que
igualmente denunciaron su despido de 12.000 euros, aunque en
el caso del sindicalista, también percibió su sueldo desde
abril al 2 de septiembre, fecha en la que fue readmitido.
Un cuarto trabajador, del que también se prescindió de sus
servicios, perteneciente al sindicato UGT y al que esta
organización le recomendó no denunciar su despido en el
Juzgado, no obtuvo indemnización alguna como sus compañeros
denunciantes.
Ahora, con la nueva situación que se plantea, se tratará de
recuperar a los trabajadores despedidos para volver a contar
con el mismo equipo de trabajo que venían desarrollando su
misión a través del Convenio de Inmigración.
En cualquier caso, aún no han firmado sus respectivos
contratos de continuidad, aunque confían en la palabra de la
consejera de Asuntos Sociales y en el hecho de la partida
presupuestaria que está incluida en el documento
presupuestario para el próximo año.
De momento, parece que se ha puesto voluntad política para
resolver un asunto espinoso que desató no poco conflicto y
que finalmente parece que ve una solución satisfactoria.
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trabajo
