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Apenas han pasado unas semanas desde la adjudicación de
las 170 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar y
ya se están produciendo repetidos casos de okupas que entran
en casas vacías, mientras otros llegan incluso a forzar
cerraduras de pisos que sí están habitados, aprovechando una
salida de sus dueños. Los vecinos hablan de una práctica
“habitual” cada vez que se entrega una promoción de
viviendas y se quejan de la situación. Una de las okupas
justifica su actuación.
Sumahia Abdelah Mohamed tiene treinta años, una niña de ocho
meses y otra de seis años con diabetes. Hace aproximadamente
diez días entró en una de las viviendas de la promoción de
Loma Colmenar y allí se instaló con sus hijas, dejando atrás
la casa de El Príncipe donde, según relata, vivía con su
madre y su hermano, ambos esquizofrénicos. Así se ha
convertido en una más de los ‘okupas’ de la ciudad, un
fenómeno que, entre las recién estrenadas edificaciones
levantadas por el SEPE, encuentra estos días su presa más
atractiva. “La puerta estaba abierta, así que entré”,
explica, diciendo que no tiene ningún problema en ofrecer
sus datos ni su DNI. “La policía y EMVICESA ya lo tienen.
Cuando hablé con la policía me dijeron que aquí no había
nadie, que me quedara”. Es su versión de los hechos, aunque
admite que desde la Empresa municipal de la vivienda le han
avisado de que tendrá que desalojar o deberán interponer una
denuncia contra ella.
“¿Es que no tengo derecho a una casa?”. La ceutí se
inscribió entre los demandantes de un piso de protección
oficial hace seis años cuanto todavía era soltera. Ahora
está casada con un hombre que no tiene padrón en Ceuta y
reside con su madre en Castillejos, razón por la cual no le
quieren dar la vivienda según explica. “Si no me lo dan por
mi marido, al menos que lo hagan por mis hijos, ¿no? No
puedo criar a mis niñas con dos personas esquizofrénicas”.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales le han sugerido a
Sumahia que busque una vivienda para alquilar y podrán
incluirla en el programa de Alojamiento Alternativo. Pero la
mujer está en paro y tolo cuenta con una prestación social
de 400 euros. “No puedo pagar un alquiler con ese dinero.
Solo con la insulina de mi hija gasto unos 80 euros al mes”,
lamenta. Así, la joven madre reitera que no piensa irse de
la vivienda en la que ha entrado por el momento. Uno de los
propietarios que sí es adjudicatario legal de una casa
escucha su relato sin mediar palabra. Otros vecinos, cuyas
casas han sido ocupadas mientras se encontraban fuera, y se
han encontrado cerraduras forzadas al volver, sí han
iniciado procedimientos de denuncia. “Habrá unos cuatro
casos ahora”, estima un propietario. Pero existe tensión en
el ambiente, hasta un punto en que, según los vecinos, hay
casos como el de un beneficiario que ha rechazado la
vivienda “por no tener problemas”.
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