El pasado lunes dos ceutíes fueron condenados en Gibraltar a
cinco años y cuatro meses de prisión por un delito contra la
salud pública. Desde Ceuta, sus familiares, han denunciado
que se han encontrado “vendidos” en la ciudad inglesa donde
ni siquiera han contando con un intérprete, que se han
tenido que costear ellos mismos. Además, tampoco han contado
con un abogado de oficio y han tenido que hacer frente al
coste de un letrado.
Ahora, con la condena en firme, no saben si pedir la
extradicción o cumplir la pena en la cárcel gibraltareña.
Los jóvenes llevan presos desde abril, cuando fueron
detenidos por Policía con 1,2 toneladas de hachís en una
semirrígida. Así, en menos de tres años podrían salir en
libertad. Sin embargo, si piden el traslado a una prisión
española, el contador se pone a cero y los reos deberían
cumplir cinco años y cuatro meses. Su familia no sabe cómo
actuar ante esta situación y critican la falta de apoyo que
han recibido en la ciudad, donde sólo se han acordado de sus
hijos “para sacar a la luz pública la condena”. “Qué
venganza más pobre, aprovechar que sale una condena en un
país extranjero para recordar que tiene una causa
pendiente”, lamentaba el padre de uno de ellos que explica
como su hijo está imputado en otra causa, donde no está
clara su participación, pero ante la que se siente
indefenso.
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