Como cada año, venimos celebrando lo que desde la Asamblea
General de las Naciones Unidas designara el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Siendo invitados los gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales por la ONU a organizar actividades dirigidas
a sensibilizar a la sociedad a nivel internacional.
Ha sido muy reciente, concretamente en octubre de 2006
cuando fue presentado por la Asamblea General de Naciones
Unidas el Estudio a fondo sobre todas las formas de
violencia contra la mujer, que manifiesta la existencia de
obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta
violencia, para tratar sus causas así como para investigar,
castigar y enjuiciar a los agresores.
Dicho esto a modo de preámbulo, este año, me gustaría
destacar la relación existente entre la crisis que padece
nuestro país y la interrelación con el descenso de números
de casos de violencia de género, camuflándose las cifras
bajo el miedo por la falta de recursos, la renuncia de las
mujeres a continuar con el proceso judicial por maltrato y
la disminución de presupuestos destinados por la Secretaría
de Estado de Igualdad. Si ya supone para la mujer maltratada
un sacrificio reconocer su agresión, ya sea física o
psíquica, acudir a una administración a interponer una
denuncia, resulta un añadido que en las oficinas de atención
a las víctimas, los recursos se hayan minimizado e incluso
desaparecido estas instalaciones en algunos puntos del
territorio español. Si antes se contaba con profesionales
especializados única y exclusivamente para estos casos
(cuerpo nacional de policía, psicólogos, trabajadores
sociales) y aún así se convertía en una odisea para la mujer
que interponía denuncia sobre su agresor, ahora se
multiplica el factor riesgo por la falta de, por un lado,
sensibilización mediática puesto que lo que nos muestran los
mass media son los resultados
obtenidos por mujeres que notificaban ante los juzgados los
maltratos y terminaban en cementerios o con secuelas físicas
cometidas por sus parejas-agresores. Y por otro, si a esto
le añadimos que el gobierno en esta materia, ante la falta
de un presupuesto anual que se ajuste a las necesidades ha
decidido menguar los recursos destinados a esta
problemática, la vulnerabilidad de las víctimas de género se
acentúa por lo tanto de un modo directo con la crisis.
Cabe destacar que cuando hablamos de malos tratos, se
producen sin distinción de religión, raza o clase social,
nadie está exento de padecerla. La persona maltratada
(hombre, mujer o niño) es consciente que comienza a sufrir
malos tratos pero encuentra la posibilidad de perdonar al
maltratador como ayuda al ser que ejecuta los malos tratos,
pensando de modo equívoco que pueda ayudar psicológicamente
a este individuo, que por lo general ha sufrido malos tratos
durante su infancia. El perfil de estos suele ser de cara a
la sociedad muy afable, extremadamente ejemplar para recibir
reconocimiento por la comunidad y afrontar su frustración y
baja autoestima. A cambio, en su vida privada descarga su
malograda psicología en atentar contra su pareja e incluso
hijos para sentirse protagonista en el seno de su familia.
Primero, evitando cualquier vínculo externo de su víctima
con su vida afectiva o externa, construyendo historias
ficticias sobre la vida de su pareja y culpándola de sus
fracasos personales hasta tal punto de neutralizarlas. Son
inteligentes y algunos casos carismáticos, algunos necesitan
estar en contacto con varias mujeres para que les hagan
recordar que son hombres y que existen como tales, que les
recuerden sus valías para volver a la cotidianidad. Por lo
tanto, el perfil del maltratador puede recaer sobre
intelectuales o adonis de profesiones no letradas, ambos
perfiles ejecutores de la espiral del abuso. Por lo tanto,
la crisis ampara al silencio de las víctimas y su libertad
se difumina cuando se atisba el temor.
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