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UGT emitió ayer un comunicado de prensa en el que considera
“descabellada, injusta e impresentable” la propuesta del
Gobierno de reformar el Reglamento de Extranjería para dar
autorizaciones de residencia a extranjeros que compren una
vivienda de más de 160.000 euros. El sindicato denuncia que
“difícilmente se puede modificar el reglamento para incluir
este requisito sin contravenir los procedimientos,
requisitos y principios establecidos en la Ley de
Extranjería”, por lo que considera que esta propuesta es una
nueva muestra de cómo el Gobierno entiende la inmigración en
nuestro país, desde un punto “utilitarista y económico,
rompiendo el principio de la migración en función de las
necesidades del mercado de trabajo que ha constituido la
base de la política migratoria española, acordada con los
interlocutores sociales, los últimos 8 años”.
Esta propuesta, “descabellada, injusta e impresentable”,
desde el punto de vista de UGT, plantea la concesión de
permisos de residencia a cambio de la compra de un piso por
un precio superior a 160.000 euros “dirigida a mercados como
el ruso y el chino”. La normativa de extranjería rige la
vida de personas extranjeras no comunitarias en España, su
entrada, su permanencia, su trabajo… Pero parece que ahora
el Gobierno español va a cambiar unilateralmente el criterio
y los requisitos para permitir la entrada de trabajadores y
trabajadoras en España y poner al servicio de los mercados
el Reglamento de la Ley de Extranjería, creando además una
segmentación y una ruptura intolerable entre los extranjeros
que quieran venir a España; solo aceptamos ciudadanos ricos.
UGT por otra parte, llama la atención de que difícilmente se
puede modificar el reglamento para poner como requisito para
la concesión de una autorización de residencia, la compra de
un piso por esta cantidad, sin contravenir los
procedimientos, requisitos y principios, establecidos la Ley
de Extranjería.
El pasado miércoles el Gobierno aprobó un insuficiente y
restrictivo Real Decreto Ley de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios que no da
respuesta a un drama social que sufre el conjunto de la
población española, incluidos los inmigrantes que residen en
España. Además del cuidado que ha puesto el Gobierno español
en no perjudicar a los bancos, ahora les regala la apertura
de la normativa de extranjería para que den salida a sus
Unión General de Trabajadores viviendas, con un nuevo
mercado de compradores aquellos que puedan canjear
autorizaciones de residencia por la compra de pisos.
UGT no puede por menos que “lamentar el cambio de la
política migratoria de este país, que en los últimos meses
se dirige a propiciar el retorno de los inmigrantes (con
medios económicos escasos) a sus países de origen, acabar
con las políticas de integración, modificar el código penal
para convertir la expulsión en la medida general para los
extranjeros que hayan cometido un delito penado con pena
superior a un año, acabar con el acceso de los extranjeros a
determinadas prestaciones de desempleo, dificultar su acceso
a la asistencia sanitaria o eliminarlo, en el caso de los
inmigrantes irregulares. Y por el contrario, pretender
“atraer a extranjeros, obviamente ricos con capacidad para
comprar y supuestamente permanecer sin trabajar en España,
con la finalidad de dar salida a un parque de viviendas que
en gran parte está en manos de los bancos”.
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unión general de trabajadores
