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El sector de Seguridad Privada de CCOO denunció ayer que
el nuevo albergue de San José-Hadú no contará con un
servicio de seguridad cualificado, y recordó que “la Ciudad
decidió eliminar este servicio el pasado día 20 de octubre
en los diferentes centros de menores”. Desde CCOO se ha
querido salir al paso de las declaraciones realizadas por la
consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, en la
que aseguró ante los medios de comunicación que “los menores
van a estar en el recinto acompañados por el equipo de
funcionarios y vigilantes que se encontraban en ‘La
Esperanza’”.
El representante del sector de Seguridad Privada de CCOO,
Francisco Muñoz, reiteró ayer a EL PUEBLO su denuncia sobre
la falta de un servicio de seguridad cualificado en el
albergue de San José-Hadú donde próximamente serán
trasladados los MENA que actualmente están alojados en el
Centro de Menores ‘La Esperanza’.
Estas manifetaciones realizadas por Francisco Muñoz,
representante del sector de Seguridad Privada de CCOO,
vienen motivadas por las afirmaciones que realizó el pasado
lunes la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda
Bel, ante los medios de comunicación donde aseguró que “los
menores van a estar en el recinto acompañados por el equipo
de funcionarios y vigilantes que se encontraban en ‘La
Esperanza’”.
Muñoz recordaba a este diario que desde el pasado día 20 de
octubre, los cinco centros que la Ciudad tiene destinado a
los menores (La Esperanza, Medio Abierto, Mediterráneo, de
Equipo Técnico), dejaron de contar con el Servicio de
Seguridad Privada, tal y como ya adelantó este diario tras
la información ofrecida por el responsable de Seguridad
Privada de CCOO, Francisco Muñoz, quedando tan sólo con
dicho servicio el centro de Punta Blanca.
Desde ese mismo día ha sido el personal de Amgevicesa los
que pasaron a realizar las labores de guardia y custodia de
estos centros tras la encomienda de gestión realizada desde
la Ciudad Autónoma.
Las centrales sindicales han venido mostrando su rechazo a
la eliminación del Servicio de Seguridad Privada de estos
centros, incluso CSI-F envió a la vicepresidenta primera de
la mesa, Adela Nieto, un escrito a través del cual
solicitaba que no se retirase la seguridad privada de Medio
Abierto, no sólo porque en dicho centro se supervisa las
condenas de los menores, sino también porque existe un
informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en
el que dice que “debería existir un vigilante para proteger
a los trabajadores con el fin de que no se produzcan casos
de indefensión”, pero “la callada”, ha sido la única
respuesta que ha obtenido el sindicato por parte de la
Ciudad.
Por último, desde los sindicatos se ha reiterado la “gran
preocupación” que genera este posible “intrusismo”, máxime
“en la situación económica laboral actual y ante la más que
segura pérdidas de puestos de trabajo entre los trabajadores
del citado sector”, de ahí que las centrales sindicales han
puesto en mano de sus respectivos gabinetes jurídicos esta
situación.
Finalmente, las centrales sindicales siguen esperando
respuesta a las quejas interpuestas entre la Delegación del
Gobierno por el posible intrusismo laboral que se está
produciendo. Hay que recordar que CCOO presentó el pasado
mes de octubre un total de seis quejas formales ante la
Delegación del Gobierno contra los diferentes centros de
menores existentes en la ciudad y la Consejería de
Gobernación, al considerar que se está produciendo un “claro
caso de intrusismo laboral”, y recordó que se le ha
notificado dicha situación al Departamento de Seguridad
Privada de la Dirección General de la Policía, autoridad que
regula las competencias en materia de Seguridad Privada, con
el fin de denunciar este presunto hecho de intrusismo.
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comisiones obreras
