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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la ley
que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales,
de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución
en los tribunales. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses entra hoy en vigor. Esta
norma pone todo el cuidado en que la regulación de tasas
judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo
y social no afecte al derecho a acceder a la justicia, se
señala en el preámbulo.
Ley 10/2012, de 20 de noviembre; un código que no dice nada.
Sin embargo, la cosa cambia cuando se menta a la ley de
tasas judiciales. Esta norma, impulsada por el Ministerio de
Justicia de Alberto Ruiz Gallardón se publicó ayer en el
Boletín Oficial del Estado: hoy mismo entrará en vigor y, de
esta forma, las personas físicas se unirán a las jurídicas a
la hora de pasar por caja si quieren recurrir. Las
jurisdicciones, que antes sólo incluían la civil y la
contencioso-administrativa, también sumarán la social.
Con la asunción por los ciudadanos que recurren a los
tribunales de parte del coste que ello implica se pretende
paliar la saturación de los juzgados, además de contar con
unos mayores recursos para mejorar la financiación del
sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica
gratuita.
Estas polémicas tasas, resultado de una partida fija y una
variable (en función del interés económico del pleito)
oscilan entre los 100 y los 1.200 euros, a los que habría
que sumar entre un 0,25% y un 0,50% de la cuantía procesal
(el segundo porcentaje si los juicios son de un millón de
euros).
Las cuantías a pagar quedan así:
Civil:
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100
euros
Verbal y cambiario: 150 euros.
Ejecución extrajudicial y concurso ordinario: 200.
Odinario: 300.
Apelación: 800.
Casación: 1.200.
Contencioso-administrativo:
Abreviado: 200 euros.
Ordinario: 350.
Apelación: 800.
Casación: 1.200.
Social:
Suplicación: 500 euros.
Casación: 750.
El BOE, por su parte, señala que el objetivo de este
tarifazo es “racionalizar” el ejercicio judicial, a la vez
que las tasas “aporten mayores recursos que permitan una
mejora en la financiación del sistema”. La ley, sin embargo,
ha resultado polémica.
Exenciones y la polémica
Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas,
sino también a las personas físicas. Están exentos del pago
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y
sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el
Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes
Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades
autónomas.
El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su
gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la
puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias
del secretario judicial, que “comprobará en cada caso si
efectivamente se ha producido el pago de la tasa,
previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no
dé curso a la actuación procesal que se solicite”, según la
ley.
La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros
en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de
#LazoNegroPorLasTasasJudiciales y #stoptasasjudiciales en la
red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a
los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y
la Unión Progresista de Fiscales.
Recurso del PSOE al TC por “la tropelía”
La norma, tramitada con el cáracter de urgencia ante las
Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga
general con los votos en solitario del PP en el Senado y
será recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional
ante la posible vulneración del derecho a la igualdad de
todos los españoles y el acceso a la tutela judicial
efectiva.
Ayer mismo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya
Rodríguez, anunció que el Grupo Socialista recurrirá ante el
Tribunal Constitucional la norma, pues consideran que
vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso al
derecho a la tutela judicial efectiva.
El presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE),
Carlos Carnicer, ya pidió este lunes al PSOE que plantease
un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de
tasas judiciales, habida cuenta de que es el único grupo
parlamentario de la oposición son suficientes diputados para
formalizar esa impugnación.
“La decisión está tomada: Vamos a recurrir”, ha aclarado
este martes la portavoz del Grupo Socialista en la rueda de
prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la
Junta de Portavoces.
Rodríguez ha recalcado que esta norma, que ha definido como
“tasazo” es “una tropelía” y una “barbaridad” que ha
suscitado el rechazo de todos los colectivos afectados y que
sólo cuenta con el apoyo del Gobierno que la ha impulsado.
Así, ha insistido en que la implantación de tasas va a dar
lugar a “una Justicia para pobres y otra para ricos” y tiene
su origen “en la peor ideología de la derecha”.
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