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La profunda crisis económica que atravesamos está obligando
a los países a realizar profundas reformas. El modelo actual
se ha mostrado inviable, ya nadie duda de la necesidad de
cambiarlo para garantizar la viabilidad del Estado y para
poder ofrecer respuestas a los cinco millones de españoles
que hoy no ven ninguna salida. El problema pues no son las
reformas, sino el tipo de reformas.
La ideología manda y la coyuntura económica hace propicio un
desmantelamiento paulatino del Estado del Bienestar. ¿Dónde
está el límite? La Sanidad, la Educación, la Dependencia....
son las primeras víctimas del Gobierno. Lo siguiente, el
acceso a la Justicia.
Esta semana el Senado ha ratificado el Proyecto de Ley por
el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia. Un proyecto que ha suscitado
importantes criticas tanto por la forma de su tramitación
como por su contenido.
La propuesta del Gobierno, que sólo puede entenderse desde
la lógica de los recortes sociales y de derechos, supone una
regresión al sistema imperante hace 50 años y que fue
superado en 1986. Esta ley viene a cercenar el derecho a la
tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE) ya que con
su aplicación dejará de estar garantizado el acceso a la
justicia de toda la ciudadanía con independencia de su
situación económica o posición social.
Y es que, la regulación propuesta por el Ejecutivo impone al
ciudadano el pago de elevadas tasas para poder acudir a los
tribunales, en todos los órdenes salvo en el penal. El nuevo
tributo se impondrá a toda persona física o jurídica y se
pagará por igual con independencia de la capacidad económica
del litigante. En el caso de las personas físicas,
únicamente se eximirá a los beneficiarios del derecho a la
justicia gratuita, esto es, aquellos que pertenezcan a una
unidad familiar con ingresos inferiores a dos veces el IPREM,
actualmente unos 1,065€ mensuales.
Con la entrada en vigor de esta ley, un trabajador o
pensionista que quiera recurrir en el orden social deberá
abonar entre 200 y 500€, impugnar una multa de tráfico de
100€, costará 200€, y si lo que queremos es iniciar un
pleito civil, hay que preparar el bolsillo porque,
dependiendo del coste del pleito, podríamos hablar ya de
miles de euros. La protección al consumidor será una quimera
porque, en general, muchos ciudadanos preferirán no acudir a
la justicia y resignarse, en lugar de defender sus derechos.
Son muchas las voces que se han alzado contra esta medida
abusiva y discriminatoria que, si nadie lo impide, entrará
en vigor en breves fechas. Los socialistas han reclamado al
Gobierno que se replantee la pertinencia de las nuevas tasas
dado el “rechazo generalizado”, máxime en un momento como el
actual. Tampoco ha sido el Gobierno sensible a las enmiendas
propuestas en el trámite ante el Senado.
Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General de
la Abogacía Española aprobó por unanimidad un manifiesto
oponiéndose a la propuesta y pidiendo al Gobierno que
reconsidere su postura y busque soluciones eficientes y
eficaces a los problemas de la Administración de Justicia.
Preocupación también en los sindicatos. La nueva ley cierra
el círculo de acoso a la clase trabajadora. La reforma
laboral deja al trabajador indefenso ante el empresario
mientras que las nuevas tasas le obstaculizan la tutela
judicial.
El Gobierno intenta ocultar el carácter recaudatorio y
disuasorio de la nueva regulación y defiende su propuesta
como una forma de racionalizar el ejercicio de la potestad
jurisdiccional y de asegurar el sostenimiento del sistema de
justicia gratuita. Argumenta, además, que ya existen tasas
para el acceso a la justicia y que fueron avaladas por el
Tribunal Constitucional. Olvida el Gobierno varias cosas:
En primer lugar, en la actualidad el pago de tasas sólo se
pide para asuntos civiles y contencioso administrativo,
estando exentas las personas físicas y las empresas
pequeñas. Fundamentalmente son tasas módicas en su importe
que se exigen a empresas con una facturación determinada. El
Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de
este sistema. La propuesta del Gobierno dista mucho de la
anterior y supone verdaderas trabas para el acceso a la
justicia. La posible inconstitucionalidad de la ley es más
que evidente.
En segundo lugar, la saturación de nuestros juzgados no
puede servir de excusa para convertir el acceso a la
Justicia en una empresa imposible para la ciudadanía. Ya
existen, y así lo afirma el CGPJ, mecanismos legales para
actuar contra aquellos que abusan; con su reforma, el
Gobierno no discrimina entre uso o abuso ni tiene en cuenta
la capacidad económica del que litiga. Las tasas se imponen
a todos por igual, como si demandar fuera un capricho. Así,
para el que tiene medios, el uso y el abuso seguirá siendo
una opción; para el que carezca de ellos, ¿qué opciones
quedan?
Quizá el ruido de esta reforma no sea tan grande como el de
otras llevadas a cabo por el Gobierno del PP, pero sus
consecuencias son igualmente preocupantes. El acceso a la
justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y,
lamentablemente, sólo seremos conscientes de los efectos de
esta medida cuando nos encontremos en una situación
vulnerable, cuando sea necesario defender nuestros derechos
y nos demos cuenta de que antes de pensar en hacerlo,
tenemos que echar cuentas.
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