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Comisiones Obreras de Ceuta estima que la Delegación del
Gobierno en Ceuta “se inhibe en sus obligaciones de
inspección” para garantizar el cumplimiento de lo previsto
en la Ley de Seguridad Privada y en las instrucciones del
Ministerio de Interior, en relación con los servicios de
vigilancia en la instalaciones estratégicas de la ciudad,
“especialmente sensibles ante la posibilidad de actos de
sabotaje o atentados terroristas”. Según han manifestado
mediante un comunicado de prensa, el servicio de vigilancia
de la Desaladora de Ceuta, que hasta ahora venían realizando
vigilantes de seguridad armados, de acuerdo con lo dispuesto
por la Dirección General de la Policía como consecuencia de
la denuncia formulada en su día por CCOO, ha sido sustituido
por una empresa de servicios, que ha contratado a personal
con cualificado y, en algunos casos, de nacionalidad
marroquí. “Este hecho supone un grave incumplimiento de lo
que prevé la Ley de Seguridad privada” y, según afirma CCOO,
es conocido por la Delegación del Gobierno, que acepta “sin
reparos” que, en aras a aumentar la cuenta de resultados de
esta empresa, se ponga en riesgo la seguridad de una
instalación esencial para el establecimiento de agua a la
población.
CCOO denuncia que el mismo proceder se ha observado en
cuanto a la vigilancia de los pantanos dependientes de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o la empresa
Ducar y es posible que el ejemplo “cunda” entre las demás
empresas afectadas.
El sindicato ve “con inquietud” como se sustituyen puestos
de trabajo de personal “altamente cualificado” por otros
“que no reúnen los requisitos legales exigidos para el
desempeño de las funciones que la Ley de Seguridad Privada
atribuye expresamente a los vigilantes de seguridad”. Para
CCOO, la responsabilidad de estos hechos corresponde en
última instancia a la Delegación del Gobierno, que
desatendiendo los informes técnicos emitidos por los órganos
competentes, consiente el incumplimiento de la ley y tolera
“que los beneficios empresariales se antepongan al interés
general de los ciudadanos”.
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