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sociedad - JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2012


rabea mohamed. archivo.

asuntos sociales
 

Rabea Mohamed recuerda a FEAPS que no alegaron al Plan de Inclusión

La consejera de Asuntos Sociales aclara a la
asociación que el borrador del documento se entregó al CERMI pero no se recibió ninguna propuesta
 

CEUTA
Cristina Rojo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, respondió ayer a las criticas emitidas desde FEAPS en relación al II Plan de Inclusión Social, un documento que según esta entidad se había desarrollado “a sus espaldas” pero del que Mohamed defendió su tramitación legal, incluyendo un periodo de exposición pública de 30 días en el que se podían haber presentado alegaciones.

Rabea Mohamed, consejera de Asuntos Sociales de la Ciudad Autónoma, respondió ayer a las críticas de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) tras la nota de prensa emitida por esta última, criticando el procedimiento de aprobación del II Plan de Inclusión de la ciudad.

“Creo que se han hecho un lío”, dijo la consejera, que quiso distinguir entre el Plan de Inclusión Social y el Plan de mediación familiar. Este último todavía no se ha llevado a aprobación inicial y está todavía en Fiscalía para que se de un primer repaso legal al reglamento. En cuanto al II Plan de Inclusión, que sí está ya aprobado, la consejera recordó que el ejecutivo ha seguido todos los trámites legales para llegar a ponerlo en marcha. Esto incluye la exposición pública del borrador durante 30 días para que tanto la ciudadanía como cualquier entidad pudiera haber presentado sus reclamaciones o propuestas. “Nosotros entregamos el borrador en su día al CERMI, que es quien engloba a todas las asociaciones de este tipo en al ciudad, pero nadie, en ningún momento, presentó ninguna alegación”, dijo Mohamed.“En ningún momento se ha querido hacer nada a espaldas de nadie y creo que esto ha sido una confusión”, aseguró. FEAPS remitió un comunicado de prensa en el que transmitía al Gobierno las recomendaciones de la entidad para el tratamiento y el desarrollo legal en relación a las personas con discapacidad, un colectivo al que afecta directamente cualquier reglamento de este tipo.
 

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