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El juicio para determinar si el despido de los catorce
trabajadores que prestaban servicio en la Unidad de
Promoción y Desarrollo (UPD) de la delegación del Gobierno
el pasado mes de agosto fue improcedente se celebró ayer en
el Juzgado de lo Social. El abogado de los trabajadores,
Ramón Lladó, también entre los afectados, solicitó la
nulidad del despido así como su consideración de
improcedente. La justicia deberá dar su veredicto sobre el
caso en los próximos días.
El pasado 14 de agosto cerraba la Unidad de Promoción y
Desarrollo (UPD) de la Delegación del Gobierno en Ceuta,
dejando sin empleo a catorce trabajadores que prestaban
servicio en el mismo. Desde entonces, los trabajadores han
venidio reclamando la improcedencia de este despido,
llegando a achacarlo a cuestiones políticas.
Pasados cerca de tres meses desde que fueron cesados en su
trabajo, el caso ha llegado a los tribunales de lo Social,
donde ayer tuvo lugar el juicio para determinar la legalidad
del procedimiento. Ramón Lladó, como representante de los
trabajadores y persona afectada por estos despidos, solicitó
a la Justicia la declaración de un despido improcedente y
nulo por ser colectivo, según explicó ayer otro de los
trabajadores afectados.
El juicio quedó ayer visto para sentencia y de su veredicto
depende que los catorce trabajadores puedan recuperar su
puesto de trabajo o permanezcan en desempleo.
Los técnicos que trabajaban en la UPD hasta que se cerr´ò el
pasado agosto, se hacían cargo de los planes de empleo de la
Delegación del Gobierno desde el año 2000. Asimismo, eran
los trabajadores encargados de desarrollar programas
destinados a la preparación y evolución de proyectos de la
escuela taller, casas de oficio y otros talleres de empleo.
Según las informaciones recogidas días antes del cierre de
la UPD, la Ciudad Autónoma no había mostrado interés por
incorporar a ninguno de estos trabajadores a la gestión de
nuevos planes.
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