El secretario de Política Social del PSOE, Pablo Núñez,
desgranó ayer en Ceuta el proyecto de ley que su partido
presentaba en el mismo día en el Congreso para su
tramitación legal. La iniciativa busca reducir los
desahucios mediante la modificación de las condiciones
legales a la hora de reclamar un impago hipotecario.
El secretario de Política Social del PSOE en Ceuta, Pablo
Núñez, presentó ayer en rueda de prensa la iniciativa que su
partido entregó ayer, en el Registro del Congreso de los
diputados, una Proposición de Ley contra el desahucio, la
insolvencia y el sobreendeudamiento familiar, basada en la
búsqueda del equilibrio de derechos entre el acreedor y el
deudor. Según explicó Núñez, la iniciativa, fruto del
trabajo de expertos, sigue las líneas de una ley que ya está
en funcionamiento en países como Sueca o Francia y se conoce
popularmente como ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.
“El objetivo es parar los desahucios para que nadie se quede
sin casa y en la calle. Vamos más allá de la dación en
pago”, explicó el socialista, que comentó que la propuesta
establece nuevas condiciones para que quien no pueda hacer
frente al pago de una hipoteca pueda continuar usando la
vivienda abonando un “arrendamiento social” que no superaría
una cantidad máxima anual del 2% de la deuda pendiente, con
el límite de que este pago no exceda “un tercio de los
ingresos familiares durante el año”. Para poner estas
condiciones en funcionamiento se llegaría a un acuerdo entre
las dos partes realizado ante notario.
Esta ley garantizaría además que no se pueda desahuciar a
familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de
sus deudas”. El secretario de política social explicó además
que su partido reclama que todos los bancos que tengan
participación en el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria) “estén obligados a negociar con el deudor,
partiendo de la base de que si reciben ayudas públicas para
sanear su solvencia también deberían hacer lo mismo con la
ciudadanía.
Núñez recordó que la proposición de ley afectaría a un
colectivo “numerosísimo”: Hasta 250.000 familias serían
beneficiarias inmediatas.
La iniciativa legislativa cuenta ya con los primeros apoyos
del Congreso, según explicó, incluso el del Gobierno del
Partido Popular. EL secretario de política social remarcó el
carácter “urgente” de la aprobación de esta medida, teniendo
en cuenta que 400.000 familias han sido ya desahuciadas a lo
largo del año.
Por otro lado, el PSOE propone que se amplíe la dación en
pago. Todas las entidades financieras que reciban ayudas
públicas estarían obligadas a aceptarla según esta nueva
propuesta de ley, a cambio de la cancelación completa de la
deuda de la hipoteca. A este supuesto podrían acogerse
familias con ingresos no superiores a dos veces y media el
IPREM, es decir, 18.600 euros.
En lo relativo a la ciudad autónoma directamente, Núñez
enfatizó las dificultades de muchas familias para acceder a
una hipoteca, además de las que tampoco pueden sufragar un
alquiler. “No queremos que esta gente se vaya a la calle,
una vez fuera, ¿dónde se van?”. El socialista aprovechó para
criticar los recientes cambios en el Reglamento de
Alojamiento Alternativo, que hacen necesario unos ingresos
mínimos para recibir la ayuda.
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