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El sindicato de funcionarios CSI-F ha mostrado su rechazo
ante el reglamento de despidos colectivos, que abre aún más
la puerta a los expedientes de regulación de empleo (ERE) en
la Administración, y ha avanzado que “combatirá” por la vía
judicial todos los despidos que se produzcan en el ámbito
público.
En un comunicado, ha criticado que el Gobierno haya rebajado
la minoración de créditos exigida para llevar a cabo
despidos en el ámbito público del 10% que marcaba el primer
borrador de desarrollo reglamentario de la reforma laboral
al 5% en su redacción definitiva.
“Una vez más, el Gobierno vuelve a cargar sobre los
empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de
la crisis”, asegura, para precisar a renglón seguido que
esta situación afecta “de manera potencial” a un colectivo
de personal laboral.
En este sentido, CSI-F avisa que “combatirá uno a uno todos
los despidos que se produzcan en el sector público por la
vía judicial, evitando situaciones de abuso de derecho en la
aplicación de las causas de despido y ofreciendo
alternativas reales de ahorro que demuestren a los jueces
que el ERE no tiene justificación”.
Por otro lado, el sindicato advierte de que la
Administración no debe responder a criterios mercantilistas,
sino de eficacia, eficiencia en el servicio al bien común y
a los intereses generales.
“Las causas económicas no dependen de las fluctuaciones de
la demanda en un mercado competitivo, sino de la ineficiente
planificación presupuestaria”, añaden para apostillar que
“si un alcalde decide invertir la totalidad o una parte
importante del presupuesto en una escultura o
infraestructura sobrevalorada e ineficiente, no puede
considerarse como una causa económica”.
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