|
Guillermo Martínez defendió ayer que la Ciudad Autónoma está
obligada a reclamar las deudas de los adjudicatarios de las
viviendas VPO de Loma Colmenar y Al Jalifa. En ambas
promociones hay vecinos que deben hasta más de 20.000 euros
de hipoteca y en mayo se llegó a un acuerdo para rebajar las
cuotas y aumentar el plazo de pago. Sin embargo, desde
Servicios Tributarios se han comenzando a realizar los
primeros requerimientos de pago a los morosos a través de
los juzgados.
La Ciudad Autónoma está obligada a reclamar lo que se le
adeuda y así lo trasladó ayer el portavoz del Gobierno,
Guillermo Martínez, ante la pregunta de por qué ahora se le
está requiriendo judicialmente a los adjudicatarios de las
225 VPO de Loma Colmenar el pago de sus la parte de la
hipoteca que no han abonado, deudas que en algunos casos
superan los 20.000 euros. El popular justificó este proceso
como el habitual en los casos en los que existen deudas con
la Administración. Sin embargo, en mayo, la Ciudad Autónoma
llegó a un acuerdo con los vecinos para facilitar el pago y
se propuso ampliar el plazo de la hipoteca de 25 a 50 años,
con lo que las cuotas pasarían a ser de 60 euros de media.
Además, el contador se pondría a “cero” para los morosos y
así lo recuerda Rafael García, presidente de los vecinos de
Loma Colmenar.
Para el portavoz, el proceso judicial no es incompatible con
el acuerdo. Pero, entre los vecinos ya ha cundido el pánico
después de recibir un requerimiento en el que se les exige
pagar su deuda en un plazo de veinte días. Si el
adjudicatario se niega y lo que debe abonar supera los 2.000
euros, debería presentar un escrito firmado por abogado. “Se
trata de un mero trámite documental al que estamos obligados
por otro lado”, justificó el también consejero de Hacienda,
para añadir: “La Administración cuando alguien tiene una
deuda con ella la debe reclamar sin perjuicio de que se
pueda llegar a acuerdos puntuales que permitan hacer más
cómodo el abono de esa deuda por parte de los vecinos”.
Sin fecha para el acuerdo
Martínez explicó ayer que se está estudiando desde Servicios
Tributarios la cuestión de ampliar el plazo de la hipoteca.
“Obviamente el hecho de que se estén mandando requerimientos
a los vecinos para que paguen lo que deben no quiere decir
que necesariamente no se pueda llevar a cabo el acuerdo de
pasar de 25 a 50 años el abono de las mismas”, puntualizó el
consejero responsable del área de Hacienda que no ahondó más
en el asunto y tampoco supo aclarar cuando se podrá hacer
efectivo el acuerdo para que los vecinos empiecen a pagar
unas cuotas rebajadas.
“Servicios jurídicos está estudiando la viabilidad del
acuerdo”, aseguró Martínez para señalar que a veces la
voluntad política, “no siempre es equivalente a la
oportunidad jurídica”. Eso sí, el portavoz aseguró que en
esta ocasión, la voluntad política es la de intentar
conseguir que no se produzca ningún desalojo ni que se lleve
a cabo ningún desahucio, mientras que se intenta hacer lo
más cómodo posible el abono de las hipotecas “dentro de los
límites de lo razonable y lo legal”. Por último, el portavoz
recordó que el objetivo es que la Ciudad Autónoma no pierda
recaudación.
Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones de
Vecinos (FPAV) han querido trasladar un mensaje de
tranquilidad a los vecinos. Su presidente, José Ramos,
estuvo en contacto durante todo el día de ayer con el
viceconsejero de Hacienda, Manuel Carlos Blasco, quien le
aseguró que ya tiene el escrito en el que se da luz verde al
acuerdo para ampliar la hipoteca y que se encuentra a la
espera de una firma por parte del Consejo de Gobierno.
Además, Blasco ha manifestado su voluntad de buscar una
“solución urgente” la situación de los vecinos implicados.
|
|
Los presidentes de las barriadas, FPAV y Hacienda se reúnen
el lunes
El viceconsejero de Hacienda,
Manuel Carlos Blasco, ha emplazado para tener una reunión el
próximo lunes al presidente de la FPAV, José Ramos, así como
a los presidentes de las barriadas donde se han comenzado a
recibir requerimientos: Loma Colmenar, Poblado Legionario y
Miramar Bajo. Blasco se encuentra fuera de la ciudad, pero a
su vuelta tendrá un encuentro para buscar los mecanismos con
los que parar el proceso judicial. José Ramos aseguraba ayer
que el Gobierno se ha mostrado “sensible” con la situación
de necesidad que están pasando muchos vecinos de estas
viviendas que no tienen trabajo y que se está trabajando
para pagar las casas con cuotas más reducidas.
|
hacienda
