No es de recibo el comportamiento del Club Gimnasio Goyu Ryu
ni dentro ni fuera del terreno de juego. En la jornada de
ayer, dentro del terreno de juego, con agresión de su
presidente al árbitro de su partido de Liga Nacional, quien
suspendió el encuentro para irse a un centro sanitario. Y
fuera del terreno de juego, una nueva prohibición a los
redactores de este periódico de acceder al recinto deportivo
en el que se disputaba el encuentro Goyu Ryu-Cádiz. Una
negativa que tiene mucho que ver con el intento de ocultar
comportamientos antideportivos y violentos como el que se
produjo ayer. Ni la ley antiviolencia ni la reglamentación
federativa son respetadas por un club en el que algunos de
sus dirigentes tienen una trayectoria vergonzosa.
Con todo este cúmulo de actuaciones, a cual peor, la Ciudad
Autónoma de Ceuta sigue subvencionando con dinero público a
un club que no es ni el paradigma de la deportividad, ni de
defender el buen nombre de Ceuta y, desde luego, tampoco el
gran defensor de la cantera ceutí, cuando no es capaz de
alinear más que a un jugador de Ceuta en su equipo titular.
Manchar el nombre de la ciudad con actuaciones
impresentables y violencia, no es la mejor tarjeta de
presentación para “hacer cantera”. Y pagar con dinero
público a un club en el que los agresores convierten al
árbitro en víctima, es algo tan deleznable como silenciar y
no pasar factura a estos comportamientos que son más de
índole penal que deportivo.
La Ciudad Autónoma de Ceuta habría de ser mucho más
cuidadosa en su política de subvenciones para sancionar
conductas ilícitas y para que el dinero público no sea el
soporte de entidades que utilizan la violencia o las
actuaciones antidemocráticas como vehículos de expresión. No
sancionar estos comportamientos es una forma de complicidad
y un respaldo intolerable.
El silencio de quienes conocen de estas situaciones nos
avergüenza a todos. Ya es hora de comenzar a llamar a estos
episodios por su nombre. Relegar al deporte a un segundo
término es abochornarnos por la falta de coraje de los
responsables políticos y federativos.
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