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He vuelto a contactar con mis
compañeros de tertulia, tras más de 8 meses sin hacerlo por
motivos que ya habrán adivinado Vds., queridos e hipotéticos
lectores.
Los saludos de rigor con manifestaciones sobre salud…, les
he pedido que no hablen de ello. ¿Para qué?, no merecen la
pena.
Bueno, en el grupo de contertulianos hay un estratega de
primer orden, muy buen jugador que estuvo en campeonatos
nacionales una larga temporada. Hoy anda retirado por
voluntad propia.
Este estratega ajedrecista suele comentar u opinar sobre la
política actual del país y en esta reunión nos ha convencido
que en el Gobierno actual del país hay dos estrategas
formidables, no de ajedrez, que saben conducir la política
hacia derroteros fuertemente defensivos de la unidad del
Estado, uno, el otro es un estratega del farol, fuertemente
preparado para ilusionar a quién quiere escucharlo con
cartas inútiles pero sumamente efectivas en la toma de
decisiones económicas.
Uno de los estrategas políticos, Ruiz-Gallardón, ministro de
Justicia ha reformado la ley de enjuiciamiento criminal con
vistas, más que nada, a un futuro muy cercano: las posibles
manifestaciones de independencia de regiones del país, sobre
todo de Catalunya y Euskadi.
Aparte de meter en cintura a la izquierda abertzale y evitar
pérdidas de votos de los partidos nacionales (PP y PSOE) en
territorios normalmente hostiles.
Por mucho que diga que la reforma estará para perseguir
partidos y políticos que comentan delitos como el resto de
ciudadanos, no hay que dudar que la realidad de esta reforma
es otra muy distinta.
El propio Ministerio de Justicia afirma que se podría
perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de
partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado
decisiones que son constitutivas de delito. ¡Toma del
frasco, Artur Mas!
No acaba aquí la cosa sino que siguen atosigando, más bien
acosando, a los ciudadanos hasta extenuarlos, más bien
exprimirlos como vulgares limones, con tasas y más tasas: la
extensión del copago judicial a los ciudadanos con un canon
fijado en 2.350 euros.
El ciudadano que quiera recurrir cualquier acto del
Gobierno, que considere injusto, deberá abonar esa tasa.
Increíble.
Más aún que hayan aprobado, en solitario, extender las tasas
a los recursos en segunda instancia en el orden laboral y
social a razón de 500 euros la suplicación y 750 euros en
casación.
Quitando derechos a los ciudadanos a base de palos con las
porras económicas.
Lo peor de todo es que si un trabajador es despedido por su
empresa y considera que el mismo es improcedente, tendría
que desembolsar 1.250 euros, a sumar a lo que le cobra el
abogado y el procurador, con el resultado final: arruinado
totalmente y sin trabajo.
Así gobernarán a su gusto, imponiendo sus decisiones sin
derecho a réplica.
Solo podrán acceder a la Justicia los ricos.
Cada vez nos vamos acercando más a una dictadura abusiva y
camuflada.
Todo esto, la reforma del enjuiciamiento criminal, se ha
realizado por el procedimiento de urgencia, con vistas al
próximo 25-N. Más claro, agua pura de montaña.
Quieren hacernos sumisos. Es una carta blanca para continuar
amputando los derechos que tanto han costado recuperar.
Según Prodhon, las leyes son telarañas para los ricos y
poderosos, cadenas de hierro oxidado para los pobres y
débiles, redes de pesca en manos del Gobierno.
Estoy de acuerdo.
Temo, ciertamente, que se saquen de la manga la carta con la
ley sobre la libertad de expresión y opinión… ¡como si lo
viera!
En fin, la vida sigue y yo también de momento.
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OPINIÓN / LAS NOTAS DEL QUIM
