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economía - VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2012


juan vivas y guillermo martínez. archivo

datos
 

El sector de las empresas públicas se ha reducido en casi todas las CCAA

En la mayoría de ellas se ha rebajado o se rebajará a la mínima expresión el número de fundaciones y sociedades y en muchos casos implica despidos de trabajadores
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La agencia Efe publicaba ayer un resumen de los ajustes que todas las autonomías están llevando a cabo en sus respectivos sectores públicos empresariales. Los recortes presupuestarios llevan a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores. En Ceuta se ha optado por la “fusión”.

Los ajustes presupuestarios llevan a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores. Según un resumen publicado por Efe, pese a que el punto de partida de unas autonomías y otras son diferentes, casi todas se han subido a la ola de redimensionar lo público para cumplir con el compromiso de reducción del déficit y atender así el mandato de la Unión Europea y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.

Al inicio del mes en que la Comunidad Valenciana pretende llevar a cabo expedientes de regulación para prescindir de 3.000 trabajadores públicos, Efe ha recopilado los planes de los gobiernos regionales para remodelar su sector público.

Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40% de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16. Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013. El proceso ha afectado de algún modo a unos 24.000 trabajadores, y por ahora el Gobierno descarta una nueva remodelación.

Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo para modificar el 70% de las 103 empresas en las que el Gobierno regional tiene participación. De momento, diez empresas han sido liquidadas, cuatro se han fusionado en dos, cinco se han agrupado en una misma gerencia y otras han pasado a manos de los socios promotores, lo que ha supuesto un ahorro cercano al millón de euros.

Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas a investigación. También rebajará de forma “muy significativa” el presupuesto de la radio y televisión autonómicas y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y venderá sus participaciones en sociedades hoteleras y en la constructora SEDES, donde ha presentado un ERE.

En Baleares, el Gobierno inició hace meses una auditoría para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad. El presidente balear, José Ramón Bauzá, asegura que a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas que heredó cuando llegó al poder, ahorrando 178 millones.

Canarias tiene este año 1.370 trabajadores menos que el anterior y, pese a que ya ha “adaptado” su sector público a los tiempos de penurias, su presidente, Paulino Rivero, pronostica que en 2013 tendrá que tomar decisiones “muy duras” para cumplir con los objetivos de déficit. Por el momento, su Ejecutivo ha presentado ERE en Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y la sociedad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). También ha habido despidos en la empresa privada que gestiona los informativos de la Televisión Canaria.

Quedan dos meses para que finalice el plazo que se dio Cantabria para reducir de 45 a 23 sus empresas públicas, y los datos hasta junio demuestran que se ha conseguido un ahorro a las arcas públicas de 28 millones de euros.

Castilla-La Mancha es, junto con Valencia, la autonomía que más está ajustando su sector público y ya ha rebajado de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura. Ha dejado sin empleo a cerca de 5.000 interinos. Además, ha prescindido del Consejo Económico y Social y de la Oficina del Gobierno de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Castilla y León es una de las comunidades con menos entidades públicas, pero pese a ello el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 reduce de seis a cuatro las empresas -que manejarán este año la mitad del dinero-, y de trece a nueve las fundaciones.

Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se ha acelerado este año pero del que no se han ofrecido datos sobre empresas ni empleados afectados.

Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40 por ciento de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros. El PP valenciano está convencido de que otras comunidades seguirán este “ejemplo” de reestructuración.

Melilla es la excepción que confirma la regla. El Gobierno de Juan José Imbroda descarta reestructurar sus sector público y reducir sociedades, ya que cree que la Administración está “dimensionada”.
 


En Ceuta se prevé que las diez sociedades se fundan en cuatro

El pasado 19 de octubre, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, compareció ante los medios para explicar en qué consistirá el demorado plan de reestructuración o “adelgazamiento”, como lo denominó, del sector público empresarial ceutí, que inició y anunció para comienzos de año pero que aún no se ha llevado a cabo. Básicamente se trata de refundir las diez sociedades actuales en cuatro, reagrupándolas en torno a otras tantas funciones: promoción económica y turismo, atención al ciclo integral del agua, radio televisión pública y, por último, servicios medioambientales, comunitarios y vivienda. El presidente de la Ciudad reiteró el “compromiso” de mantener “el empleo estructural vinculado a las sociedades que ahora mismo hay”. “El primer paso se dará -anunció- antes del 15 de diciembre para que todo ello tenga impacto ya en el presupuesto del ejercicio 2013”.
 

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