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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
aprobó ayer el proyecto de ley que contempla una subida
generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750
euros. Desde los Colegios de Abogados de todo el país se han
manifestado contrarios a esta medida y la decana del colegio
ceutí, Isabel Valriberas, advertía ayer que con esta subida
“se rompe el acceso igualitario a la Justicia”. La abogada
aseguraba que la clase media será la más perjudicada por
esta reforma.
El conocido popularmente como ‘tasazo judicial’ se ha
convertido ya en una realidad después de que ayer la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobara
el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de
las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder
recurrir una resolución en los tribunales. Para los letrados
esta medida impedirá el acceso a la justicia de muchas
personas, sobre todo de clase media, y así lo advertía ayer
la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel
Valriberas. “La tasa judicial encarece el acceso a la
justicia a personas que no tienen derecho a la gratuita,
pero que tampoco tienen una gran cantidad de recursos”
señalaba la abogada.
En la actualidad, las personas que pueden acceder a la
Justicia gratuita son aquellas cuyo sueldo no supere el
doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
fijado en 532 euros. “Hay personas que no entran porque
están en un límite muy ajustado y a lo mejor por una
diferencia de 50 o 100 euros no tienen derecho a la Justicia
gratuita”, señalaba Valriberas que lamenta que este margen
sea “tan pequeño” para muchas familias para las que el
esfuerzo adicional supondrá “una traba de acceso a la
Justicia”.
La decana del colegio ceutí destacaba que en todo el país
“hay mucho malestar” por esta medida que por un lado tiene
vocación recaudatoria y por otro afán disuasorio. “Según lo
que manifestó el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, con lo que
se recaude de tasas judiciales se va a abonar parte de lo
que cuesta la justicia gratuita”, manifestaba aunque
Valriberas que se muestra cautelosa respecto al futuro de la
gratuidad judicial dado la crisis que está atravesando el
país.
Respecto a la vocación disuasoria de la medida, para
Valriberas la mejor forma de disminuir la litigiosidad no es
poner “trabas al acceso a la Justicia”. La decana propone
otras fórmulas alternativas como potenciar la mediación para
evitar llegar a los juzgados. “Hay otras fórmulas más
disuasorias, que no afectan al aspecto económico, porque, al
fin y al cabo, eso supone que el que tiene dinero siempre va
a poder recurrir”, puntualizaba la decana.
La oposición se abstuvo de votar esta subida generalizada y
cuando se iba a proceder las votaciones abandonaron la
comisión en la que los miembros del Grupo Popular sacaron
adelante la medida.
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reforma
