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Los Juzgados de lo Penal enjuician los delitos castigados
con penas de hasta cinco años de cárcel. En el segundo
trimestre de 2012, ingresaron un total de 4.187 asuntos y
resolvieron 4.310; es decir, más del total de los casos
ingresados, debido a que antes del inicio del segundo
trimestre todavía estaban tramitando un total de 3.057
asuntos.
El 43% de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal
fueron resueltos por vía de Juicio Rápido.
El Juzgado de lo Penal dictó 13 sentencias sobre violencia
de género en el segundo trimestre de 2012.
Audiencias Provinciales
Las Audiencias Provinciales, a través de las secciones
especializadas en Violencia sobre la Mujer, enjuician los
delitos más graves: aquellos que suponen pena privativa de
libertad superior a cinco años.
En el segundo trimestre de 2012 las Audiencias Provinciales
dictaron 88 sentencias. De ellas, el 73,86% fueron
condenatorias (65 sentencias) y el 26,14 % absolutorias (23
sentencias). La tendencia se mantiene estable respecto al
primer trimestre.
Según Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio
contra la Violencia Domestica y de Género, “la estadística
en violencia de género sirve como instrumento para el
análisis de este fenómeno delictivo y para abordar posibles
soluciones. El hecho de que los juicios rápidos alcance el
43% de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal
significa que este cauce procesal se está consolidando como
una respuesta inminente a la violencia machista”. La
presidenta del Observatorio destaca la necesidad de
“mantener los recursos sociales existentes, en vista de que
las renuncias denotan la vulnerabilidad de las víctimas de
violencia de género en un contexto de crisis económica como
el actual”, al igual que también reitera la necesidad de
“fortalecer a las mujeres para evitar que se registren
dichas renuncias”.
La presidenta del Observatorio considera necesario que se
desvinculen las ayudas sociales del requisito previo de
interponer denuncia para que las afectadas accedan a los
derechos que contempla la Ley Integral de 2004. De esta
forma, “se verían fortalecidas antes de emprender el
procedimiento judicial”. Para ello, propone que sea
suficiente un informe oficial o pericial que diagnostique la
situación de maltrato y una armonización de la normativa
autonómica en este ámbito.
Finalmente hay que resaltar que para Inmaculada Montalbán,
la situación económica exige una reflexión para reorganizar
los recursos humanos y materiales existentes. En su opinión,
se precisa aumentar el número de jueces y juezas de lo Penal
especializados en violencia de género y dotar una mayor
eficiencia a los servicios de atención a las víctimas.
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