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La ordenanza de Transporte Público fue aprobada de manera
inicial el pasado lunes con el consenso de todos los
partidos políticos. Este texto ha nacido para cumplir con
“un compromiso de muchos años” ya que la ciudad carecía de
regulación específica para el transporte urbano. Ahora este
texto, consensuado por todos los grupos de la Asamblea, nace
para fijar las obligaciones tanto de la Ciudad Autónoma como
de la empresa adjudicataria del servicio así como un régimen
sancionador. Por parte de la Administración esperan que esta
herramienta sirva para mejorar el transporte público en la
ciudad.
La regulación del transporte público está un paso más cerca
de implantarse. Hasta ahora, Ceuta carecía de una ordenanza
que regulara este servicio y, después de varios meses de
trabajo, el pleno de la Asamblea aprobó de forma inicial el
pasado lunes una normativa que ha nacido del consenso de
todos los grupos políticos. No obstante, desde Hadú-Almadraba,
la empresa que presta el servicio, esta ordenanza se mira
con recelo. Aunque no han tenido acceso aún al texto
definitivo, el responsable de la compañía asegura que si el
texto es “similar” al primer borrador la empresa será
“crucificada”. José María Cuéllar no descarta ninguna acción
para protestar, ni por parte de la compañía ni de los
trabajadores. Asimismo, una vez que estudien la normativa,
el gerente de Hadú-Almadraba explica que se presentarán las
oportunas alegaciones.
Desde la Ciudad Autónoma se muestran satisfechos con el
texto por el hecho de que se ha consensuado por todos los
grupos políticos. Además, la responsable del área de
Transporte, Adela Nieto, recuerda que con la normativa se
cumple “un compromiso de muchos años”. Así mismo, la
vicepresidenta primera de la mesa desea que con esta
ordenanza sirva para “mejorar un servicio”, aunque insiste
en que la ausencia de una normativa específica no quiere
decir que hasta ahora no se haya realizado un buen trabajo.
Así, Nieto asegura que mantiene un contacto directo y
regular con la empresa.
Herramienta útil
El cambio radica en que ahora ya existe una herramienta para
controlar el servicio en la que se fijan las reglas de
inspección o un régimen sancionador entre otros. En esta
ordenanza, cuyo plazo para presentar alegaciones se abrirá
en los próximos días, se establecen tanto las obligaciones
como los derechos de la empresa. Así mismo, se fijan cuáles
son las potestades que tiene la Administración local para
regular el transporte público. La Ciudad será la encargada
de organizar el servicio y de ordenar las modificaciones en
su prestación que aconseje el interés público. De momento no
se han planteado modificaciones. Además, desde la
Administración se reservan el derecho a alterar las tarifas
a cargo del público o de fiscalizar la gestión del
prestatario del servicio en los términos establecidos en la
ordenanza. Las posibilidades de rescatar el servicio o de
intervenirlo par asumir su ejecución temporalmente en los
casos en que existiera perturbación grave sin otra solución,
también aparecen en este documento.
Infracciones y multas
En el apartado de infracciones y sanciones se recogen como
“falta muy grave” realizar rutas no previstas, interrumpir
el servicio de forma injustificada o impedir el acceso a una
persona sin motivo, entre otras. Las sanciones en estos
casos van desde los 1.500 a los 3.000 euros. Mientras que,
como falta grave, cuyas multas oscilan entre los 750 y los
1.500 euros, se considera viajar en el autobús sin billete,
dañar los elementos fijos o móviles, carecer de hojas de
reclamación, incumplir el régimen tarifario, no permitir una
inspección, o la falta de disponibilidad del número mínimo
de vehículos determinados en la concesión, entre otros
supuestos. Estas infracciones conllevas multas de 751 a
1.500 euros
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“Hay motivos suficientes para actualizar las tarifas por
trayecto de forma extraordinaria”
La nueva normativa reserva la
potestad para fijar los precios del autobús a la Ciudad
Autónoma. No obstante, desde la empresa que se encarga del
servicio, lamentan que se mantengan como están y que no se
le de la oportunidad a la compañía de decidir. “Tenemos
motivos suficientes para actualizar las tarifas de forma
extraordinaria”, reivindica José María Cuéllar, responsable
de Hadú-Almadraba que recuerda que su empresa cuenta con los
precios “más bajos” de todo el país. El coste del billete
ordinario es de ochenta céntimos actualmente. Aún así, el
gerente recuerda que este año asumen las bonificaciones de
los bonobús para estudiantes y jubilados, que le supone un
coste adicional que hasta ahora era compensado por la
Administración. Además, Cuéllar lamenta que la subvención
para el combustible no sea más alta en servicios básicos
como el transporte público ya que durante los últimos meses
se han producido subidas continuas en el precio de la
gasolina, cada vez más cara en la Ciudad Autónoma.
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transporte público
